Por Kali Tapia Martínez
Seré breve.
Si hoy, a usted lo canalizaran a la especialidad de Urología, en Hospital General de Zona número 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con sede en Uruapan, su cita quedaría programada para finales de abril, pero del 2021. Es decir que, si no cuenta con los medios económicos para tratarse con un especialista en el sector privado, tendría que esperar un año y tres meses para comenzar a recibir la atención médica que requiere su padecimiento.
Esto es real. Ocurre en el municipio con mayor cantidad de habitantes en Michoacán, sólo después de su capital, adonde canalizan pacientes de toda la región.
Y si adolece de Insuficiencia Renal Crónica, obtendría su cita para agosto de este año.
Ahora concluya, si el recién creado Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) del Gobierno de México, en sustitución del Seguro Popular, tiene la capacidad de atender gratuita y oportunamente a todas las personas en el país que no cuentan con seguridad social. Ésta es la garantía que estoicamente ha sostenido el Presidente de la República en sus conferencias mañaneras.
Sin un sistema de operación y organización definido, ni el soporte financiero para la contratación de personal médico, administrativo y operativo; la construcción y mejoramiento de la infraestructura requerida; medicamentos costosísimos y demás insumos necesarios.
Aún así, su vigencia comenzó el pasado 1 de enero, sólo con la promesa que disfraza el panorama más probable: quien tiene, ni la considera; quien pueda, buscará costear otras alternativas, hasta donde le alcance; y quien no tiene, tendrá que ceder a la evolución natural de su enfermedad, hacia la única certeza que tenemos en la vida.
