Por Patricia Padrón
No hay plazo que no se cumpla y el de la firma del convenio entre el Gobierno del Estado y el Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi), se dará en cualquier momento, ya sea la opción A o B.
Dejando a un lado la especulación, resulta ser que la Ley es muy clara, convenio habrá, pero existen dos vertientes, la primera, que la administración silvanista ceda el aparato de salud al Gobierno Federal y sea este el que lleve la batuta en la materia en la entidad.
Y la segunda, en la adopción del esquema de trabajo y modelo de mejor a implementar propuesta por el Insabi para que –en teoría–, los servicios de salud mejoren a favor de los michoacanos, pero operando estatalmente las unidades médicas.
En ambos casos, se sabe que Silvano Aureoles busca asegurar que Michoacán no ocurra lo que pasa en otros estados, donde el desabasto de medicamentos genera crisis sociales graves, como es el caso de pacientes con cáncer quienes por su padecimiento se mantienen al filo de la muerte todos los días.
Ante el hecho de que las propias autoridades federales reconocen al sistema de salud michoacano como uno de los 3 mejores del país, la decisión, más que política, social, que deberá tomar el oriundo de Carácuaro no es cosa menor, se trata de vidas y de que –por ejemplo–, cada paciente oncológico reciba su tratamiento en tiempo y forma como ha ocurrido los últimos 4 años.
Y es que esto solo puede ser posible a la disciplina y transparencia con la que se ejercen los recursos públicos destinados a la salud de la población, terminando con la extinta “licuadora”, donde se tomaba dinero para medicinas para otras cosas, destinos que hasta el día de hoy siguen siendo investigados.
Que los astros se alineen de tal forma que exista la madurez política que pondere el bien común y no existas revanchismos estériles como los que sumieron a Michoacán en el caos en época de Leonel Godoy y Felipe Calderón, porque de eso se trata, de gobernar bien y para todos.
