Por: Humberto Urquiza Martínez
Con motivo del 5 de febrero, se festeja la promulgación de la Constitución de 1917, misma que se encuentra vigente a la fecha, después de cientos de reformas.
Con ello y ante un nuevo gobierno, inclusive con una auto- calificación de cambio (4T), es necesario pensar si se requiere de una nueva Constitución.
Para ello, hay que iniciar explicando qué es la Norma Suprema, y aunque existen diversas formas de definirse, podríamos decir que es un documento, primero, político, que plasma la visión de un grupo políticamente dominante y sus ideologías; segundo, social, en la cual se puede encontrar el contenido de las necesidades que la sociedad tienen como objetivos comunes, que pasan desde lo económico, hasta lo cultural; y tercero, jurídico, lo que legitima a un sistema de normas que se imponen en la sociedad para su debido cumplimiento.
Con esa idea multifactorial de la norma suprema, es necesario saber si el actual texto es acorde con la realidad política, social y jurídica, o bien, si se requiere de algún ajuste.
En la perspectiva política, la elección de 2018 dejó un nuevo grupo en el poder con una nueva visión ideológica, materializada en la cuarta transformación, por lo que, existiría la posibilidad de cambio constitucional.
En la visión social, el modelo económico, social y cultural, están a debate, pero la sociedad tiene necesidades de mejores condiciones de vida, desde el empleo hasta la posibilidad de desarrollar actividades productivas y culturales propias de cada identidad cultural.
En lo que respecta al modelo jurídico, existen elementos que han estado evolucionando desde hace 10 años, como es la centralización de las normas jurídicas (como es el caso de la materia electoral, salud, educación, medio ambiente, cultura, transparencia y protección de datos, sistema anticorrupción, seguridad pública, entre otras) a través de la nacionalización del derecho en un modelo federal, que está inhabilitando al derecho de las entidades federativas y de las competencias propias de lo local. Aunado al hecho de temas como el sistema de justicia penal que está inmerso en un fuerte debate por la eficacia, o no, del mismo, a partir de los grados de impunidad y de la percepción de corrupción al interior de la fiscalías y el poder judicial.
Es así, que ante el entorno que vive la sociedad mexicana, el debate de una nueva Constitución tiene poco eco, pero quizá es necesario replantear varios de los aspectos que la misma regula y que no tienen aplicación alguna, por lo que o se modifican o se fortalecen los mecanismos para garantizarlos, temas como derechos humanos, sistema penal, sistema penitenciario, salud, educación, desarrollo social, pobreza, desarrollo sustentable, federalismo, estado laico, entre muchos otros principios constitucionales que sin duda, requieren de un ajuste del sistema de existencia o de las garantías para su debido y buen funcionamiento.
Por ello, es que con motivo del aniversario de la Constitución, valdría la pena abrir un periodo de debate para saber si en un año podemos tener un texto supremo que no solamente reproduzca las necesidades sociales, sino que sea un instrumento de eficacia en el desarrollo integral de la sociedad, o si se mantienen los tiempos abiertos para que se estén haciendo reformas constitucionales.
