Jorge Luis Hernández[1]
Uno de los efectos más visibles de la transición democrática fue el poder que ganaron los gobernadores, capaces de influir en la definición del presupuesto federal para obtener más recursos, empeñados en favorecer a los suyos imponiéndoles en posiciones institucionales y emprendiendo negocios personales o de grupo. Por eso, se utilizó el término “virreyes” para describirles y, en cierta medida, los resultados electorales de 2006 y 2012 se explican por la existencia de maquinarias electorales a su disposición.
El sistema federal es un animal raro que siempre está en búsqueda de equilibrio que le permita ser saludable, pero siempre se encuentra en riesgo de exceso por unos u otros. Es decir, parecía una buena noticia que, después de décadas de un sistema político centralizado y hegemónico, los poderes locales se activaran y pudieran responder con más cercanía a las necesidades de su población.
En ese contexto se explican los procesos de descentralización emprendidos en las dos últimas décadas del siglo XX, que incluyeron la salud, educación, gasto social e infraestructura. Por ello, los recursos federales a los estados se incrementaron y, hasta la fecha, la dependencia económica de estas es tal que, a la fecha, en más de la mitad de los estados los recursos federales representan más del 90% de sus ingresos.
Sobran ejemplos de gobernadores que derrocharon los ingresos federales, e incluso tuvieron que contraer deuda pública, para pagar clientelas políticas y obras de poco impacto social. También, cooptaron antiguas y nuevas instituciones que, se supone, vigilarían el uso de los recursos y les sancionarían.
Estos casos motivaron, desde el sexenio de 2012-2018 un ánimo de recentralización política. Con opositores convencidos de que su fracaso electoral sólo era posible de entender por la intromisión de los gobiernos estatales, no fue difícil promover reformas para “nacionalizar” la cuestión electoral, el tema de transparencia y la evaluación de la educación.
El discurso que equipara a los gobernadores como agentes corruptos, ha sobrevivido al cambio de sexenio y de partido. Por eso, el gobierno de López Obrador ha dado pasos centralizadores, como la decisión por la que suprimió el Seguro Popular (en manos de los estados) y creo el INSABI (bajo el control y la regulación del gobierno federal).
Con esos antecedentes de descrédito, bien ganado, y de cuestionamiento a sus facultades, es entendible que los gobernadores no estén cómodos, ni sean completamente capaces, de responder a la crisis causada por la pandemia de COVID-19. Y es que, a la población no le interesan los detalles del pacto federal, sólo exige respuestas claras y eficientes para el reto.
Además, en tanto que el Gobierno Federal está implementado un modelo de manejo de la pandemia (el centinela) en contrasentido a la mayoría de los países del mundo, parece que la apuesta más lógica es apartarse de sus directrices y aplicar las tendencias mundiales en sus entidades.
No obstante, la mayoría de los gobiernos estatales carecen de los recursos y las capacidades para implementar alternativas al modelo federal. Por eso, la crítica es más retórica que activa y, ahora mismo, se habla de temas tan variados como la calidad de los insumos, la pertinencia de la reanudación de las actividades o la discusión del pacto fiscal.
Por lo pronto, el Doctor López-Gatell, el hombre de moda de esta administración, ha decidido sumarse a la primera línea de defensa de su modelo frente a los gobernadores. Así, ha confrontado a Alfaro y su insistencia en comprar pruebas rápidas, a los gobernadores panistas que exhibieron la entrega de material de calidad dudosa, a Silvano y el caso de los ventiladores arreglados en Morelia y a Tijuana y Guadalajara a quienes acusó de no reducir suficientemente la movilidad de sus habitantes.
Para muchos, las disputas intergubernamentales
son una muestra de la mezquindad de la clase política. Sin embargo, la disputa
en torno a este tema no es exclusiva de México como lo demuestran los casos de
Brasil y EE.UU. Es decir, en un sistema federal es normal que cada nivel de
gobierno busque satisfacer de mejor manera las necesidades de su población;
pero, ¿será eso lo que les motiva a doblar la apuesta?
[1] Consultor político. Politólogo por la UNAM y el Colegio de México. Constitucionalista por el CEPC.
