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Controversia Constitucional promovida por Silvano no ayuda a la coordinación para combatir delincuencia: CEE de Morena

Héctor Tapia

Si bien el gobernador Silvano Aureoles Conejo tiene derecho a recurrir a los recursos legales que considere para impugnar las reformas que dieron origen a la Guardia Nacional, estas medidas no ayudan a mejorar la coordinación que se espera para favorecer el combate a la delincuencia, remarcaron los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

Esto lo refirieron ante el recurso de  Controversia Constitucional que interpuso el mandatario michoacano ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 12 de junio pasado, donde impugna el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde se formalizan las reformas en materia de Guardia Nacional, que fueron avaladas desde el 2019 por todas las fuerzas políticas en ambas cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de los Congresos locales.

A través de un comunicado, Fidel Rubio Barajas, José Netzahualcoyotl Santos y Julia Adriana Cazares, integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, que aún tienen vigencias en sus responsabilidades, detallaron que “la seguridad civil ha sido afectada por la violencia que se vive a diario en nuestro país, la cual es producto de la descomposición social que han generado décadas de mal gobierno. Desde la permisividad que se le dio a los cárteles para su operación, hasta la corrupción que se filtró en los servicios públicos, para permitir que este mal se arraigara en la cultura nacional, con ello se afectó a familias, pueblos, municipios y ciudades más importantes” por la pugna de territorios.

Ante ello, consideraron que la estrategia impulsada por el gobierno federal es acertada, la cual dispone que las Fuerzas Armadas puedan llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera subordinada y complementaria, en tanto que la Guardia Nacional desarrolla su estructura y capacidades para implementarse en todo el país.

Sobre el panorama complejo en materia de seguridad, dijeron, las acciones que ha tomado el presidente de la república “están plenamente justificadas y responden a una estrategia para mejorar la eficiencia en el combate a la narcoviolencia y otros delitos”.




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