Héctor Tapia
Los congresos locales y federal han sido omisos, o no han ejercido sus facultades fiscalizadoras para vigilar el ejercicio de los recursos públicos que hacen los gobiernos para hacer frente a la contingencia sanitaria.
Sólo dos congresos locales a nivel nacional han emprendido acciones enfocadas de manera particular a este aspecto en el país; el de Michoacán no es uno de ellos.
A más de 100 días de la irrupción de la pandemia del Coronavirus, los gobiernos municipales, estatales, y federal, han emprendido acciones, contrataciones , compras y adquisiciones, en el marco de la contingencia, para hacer frente a la crisis. Sin embargo no todos los gobiernos han sido transparentes en la rendición de cuentas sobre cada uno de dichos aspectos.
Esto es parte de la evaluación que resultó del mecanismo de seguimiento de planes, programas y acciones que realizan Tojil, Transparencia Mexicana y la Unidad para la Transformación de los Congresos de Transparencia Mexicana, a través del mecanismo conocido como #Susana Vigilancia.
Por medio de esta iniciativa o mecanismo se analizaron las acciones emprendidas por 34 órganos legislativos del país, que corresponden a 32 congresos locales y ambas cámaras del Congreso de la Unión, esto en lo que llamó como términos del uso de sus respectivas facultades constitucionales y legales para dar seguimiento a los recursos públicos y acciones emprendidas ante la pandemia.
En su reporte indica que sólo los congresos locales de Sonora y de Coahuila, son los que han instalado formalmente Comisiones Especiales para dar seguimiento específico a la vigilancia y fiscalización sobre los recursos destinados y aplicados por sus respectivos gobiernos, el resto no lo han hecho.
“Aunque los y las legisladoras se han pronunciado en sendos comunicados y redes sociales a favor de la transparencia en el ejercicio de los recursos, no han aprovechado las herramientas que la propia Constitución les asigna para hacerlo”, destaca en su documento.
Se remarca que las funciones constitucionales del Congreso son las de vigilar las acciones del Poder Ejecutivo, “incluso cuando un mismo partido controle ambos poderes”.
“Para atender la emergencia sanitaria, el Gobierno Federal y los Gobiernos estatales han requerido suministros para hospitales y centros de salud, recibido donativos, e incluso negociado condiciones preferenciales con otros gobiernos y países para la adquisición de bienes. Para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, los gobiernos federal y estatales han activado mecanismos de deuda pública, créditos, apoyos económicos o estímulos fiscales, cuyo origen y destino también deben ser supervisados”, remarca.
El reporte publicado por Transparencia Mexicana destaca que “la Cámara de Diputados a nivel federal y los Congresos locales a nivel estatal tienen la obligación de asegurar que los recursos públicos destinados a la crisis sanitaria y económica se utilicen exclusivamente para esos fines”.
Por ello, refiere, “las Comisiones Especiales son órganos colegiados cuya tarea es la de atender, investigar y observar asuntos de interés público. El resultado de la investigación deberá ser del conocimiento del Poder Ejecutivo. Por su naturaleza plural constituyen un espacio para integrar diferentes perspectivas de los partidos políticos que integran el Congreso”.
