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Cómo los países desarrollados se aprovechan del COVID-19… para perjudicar la salud de los mexicanos

Metapolítica

Morelia, Michoacán.- Ocurre el mismo día que México y Argentina anuncian la comercialización de una futura vacuna contra el COVID-19.

Los esfuerzos mexicanos por asegurar la salud de su población han concitado el aplauso unánime de todos los sectores. Pero la realidad siempre puede ser peor de lo que se piensa. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Suiza (que no es parte de la UE), los países supuestamente desarrollados, presionan al gobierno de México para evitar las alertas de salud entre sus habitantes.

El origen de la pugna proviene del etiquetado que desde octubre de este año deben llevar todos los alimentos procesados que se venden en México, que advertirá a la población sobre la presencia excesiva de azúcares, grasas y otros ingredientes fatales.

Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Suiza (que no es parte de la UE), los países supuestamente desarrollados, presionan al gobierno de México para evitar las alertas de salud entre sus habitantes.

Una medida que en tiempos de coronavirus se hace más urgente que nunca. La pandemia de COVID-19 reflotó una grave realidad en México: los alarmantes índices de sobrepeso y obesidad de sus habitantes.

Una enfermedad mortal. Según los reportes oficiales de la Secretaría de Salud, la mayor parte de las víctimas fatales de coronavirus en México padecían de factores de riesgo, entre el sobrepeso u obesidad. El dato motivó la búsqueda inmediata de respuestas entre los gobiernos e instancias de la salud.

La pandemia de COVID-19 reflotó una grave realidad en México: los alarmantes índices de sobrepeso y obesidad de sus habitantes.

Pero la tarea inició antes. En noviembre del 2019 el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto que reformó la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas que el Congreso de la Unión había aprobado el 22 de octubre.

La nueva norma establece, entre otros puntos, que el etiquetado frontal deberá advertir, de manera veraz, clara y simple, si el producto excede los niveles máximos de contenido energético, azúcares, sodio, grasas y nutrimentos críticos.

Pero los países desarrollados parecen empeñados en defender a sus empresarios aun a costa de la salud y la vida de millones de mexicanos.

Y algunos, incluso, se aprovechan del coronavirus para intentar chantajear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Estados Unidos, Suiza, Canadá y la UE se opusieron a la fecha de implementación del 1 de octubre. Washington y la UE solicitaron un retraso de dos años, mientras que Canadá pidió que el inicio se retrasara 12 meses. Suiza instó a que se pospusiera sin especificar un cronograma. Washington dijo que se necesitaba un retraso ‘a la luz de la pandemia global de COVID-19, que ha ejercido una presión significativa sobre la industria de alimentos y bebidas’”, dice un reporte elaborado por el New York Times.

La Organización Mundial de Comercio (OMC), más preocupada de las ganancias que de la salud, ha sido la instancia canalizadora de los reclamos. A través de ella la delegación estadounidense del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio expresó su tristeza.

Washington dijo que se necesitaba un retraso ‘a la luz de la pandemia global de COVID-19, que ha ejercido una presión significativa sobre la industria de alimentos y bebidas’”, dice un reporte elaborado por el New York Times.

“El etiquetado puede ser más restrictivo del comercio de lo necesario para cumplir con los objetivos legítimos de salud de México”, aseguró.

Y en México también hay quienes defienden a las corporaciones. En febrero de este año Jaime Zabludovsky, presidente del grupo de presión ConMexico (representante de las empresas de alimentos y bebidas), dijo que las etiquetas confundirían al público.

Contra toda evidencia estadística, en febrero de este año Jaime Zabludovsky aseguró que el etiquetado confunde a los ciudadanos.
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“Creo que el etiquetado tiene que tener no solo signos de advertencia, sino información y lo que propone la norma es que se perdería esta información que está en el panel frontal, que son los numeritos que te dicen el contenido por porción de calorías, azúcares, grasas y sodio, y el resultado sería pérdida de información”, acusó

Y lo dijo aunque las evidencias demuestran lo contrario. En Chile, país pionero del modelo de etiquetado que hoy imitan varios países, entre ellos México, no hubo ninguna confusión.

“Según un estudio del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, a 3 años de la puesta en marcha de esta ley, en el caso de las bebidas y jugos azucarados, las compras de productos “altos en” cayeron un 25 por ciento, las de cereales de desayuno 36 por ciento y las de postres envasados 17 por ciento”, aseguró en 2019 la agencia Xinhua.

Y en ese país, recordó el hoy senador Guido Girardi, el camino también fue espinoso.

“Tuvimos amenazas, peleas, agresiones en algunos momentos… pero finalmente sacamos esta ley”, dijo.

El senador chileno Guido Girardi, autor de una ley que ha llegado a todo el mundo.
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Girardi sabe lo que dice: en su calidad de médico, fue uno de los autores de la ley.

Jaime Zabludovsky, presidente del grupo de presión ConMexico (representante de las empresas de alimentos y bebidas), dijo que las etiquetas confundirían al público. Pero la evidencia demuestra lo contrario.

La norma mexicana entrará en vigencia en octubre y consistirá en un etiquetado nutricional en la parte delantera del paquete que describa claramente los riesgos para la salud que se presentan cuando esos productos tienen un alto contenido de azúcares, calorías, sal y grasas saturadas o trans.

Y esa es una noticia positiva para la salud pública. México es hoy el mayor consumidor de alimentos procesados ​​en América Latina, y está en el cuarto lugar en el mundo. Es un hecho que la obesidad en el país se convirtió en epidemia tras la adhesión al Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá a principios de la década de 1990, que facilitó el acceso a los alimentos procesados.

Un esquema muy similar al que hoy parecen aferrarse los países que piden a México postergar la salud de sus habitantes.

México es hoy el mayor consumidor de alimentos procesados ​​en América Latina, y está en el cuarto lugar en el mundo.

Por lo pronto, el gobierno mexicano no piensa en ceder. Según el NYT, un funcionario (que pidió el anonimato) aseguró que “no habrá tiempo adicional”.

Al parecer el estado mexicano está decidido a combatir la más salud alimentaria de sus habitantes.

Y eso también parece ser una mala noticia para los países que pretenden dictar cómo debe vivir el mundo.




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