Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Un total de 156 millones de dólares, equivalentes a más de 3 mil 421 millones de pesos mexicanos actuales, habría desviado el Ejército mexicano entre los años 2016 y 2019. La información fue dada a conocer este día por el diario El País.
La información publicada por el medio de origen español se funda en una investigación propia publicada este día.
Lo peor: hasta ahora no hay culpables.
“Ninguno de los altos mandos de la Secretaría de Defensa Nacional que autorizaron las compras ha sido sancionado por las operaciones en las que se emplearon 250 compañías”, dice el medio.
Y agrega:
“A pesar del grave daño al erario que esto ocasionó, ningún titular de las direcciones que autorizaron las compras que ampararon las facturas falsas ha sido sancionado, de acuerdo con la información proporcionada por la Sedena para esta investigación”.
Y en cuanto a los detalles, especifica que “la Sedena es una de las dependencias que ha recurrido a las llamadas ‘factureras’, las empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias y contra las que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha emprendido una persecución legal en México”.
Según indica El País, los recursos fueron desviados a través de 11 mil 175 comprobantes digitales, de acuerdo con la Administración General de Servicios al Contribuyente del SAT tras diversas solicitudes de información.
Y al parecer casi ningún área o rubro del Ejército se salvó.
Los comprobantes citan bienes y servicios contratados en instalaciones castrenses “como campos, cuarteles y guarniciones en diversas zonas del país, el Heroico Colegio Militar, el Museo Nacional de la Cartografía, un parque eólico ubicado en el Itsmo de Tehuantepec, el cine del Centro de Atención Social para Militares Retirados, el Campo Militar 37-D en Santa Lucía (Estado de México), la Escuela Militar de Sargentos, la Dirección General de Administración y el cancelado aeropuerto de Texcoco”.
EMPRESAS FANTASMA
Pero la corrupción no quedó ahí.
También hubo uso de empresas fantasma que se usaron en trabajos de mejoras en carreteras o caminos rurales que conectan a sus cuarteles y en obras de mantenimiento o adecuación de sus bases aéreas, prisiones, juzgados, centros de justicia, unidades habitacionales, cafeterías, centros deportivos, estacionamientos, gimnasios, museos, centros de desarrollo infantil y en 15 hospitales militares.
La investigación de El País pone nombre a las empresas inexistentes utilizadas para desviar recursos:
Construglobal de Chiapas S.A de C.V., por 312,75 millones; Ramón René Lara Martín, 269,11 millones; DRM Aceros Internacional S.A de C.V., por 240,54 millones; Soluciones Empresariales Santori S.A de C.V., por 182,62 millones; Construcciones, Proyectos y Agregados Karely S.A de C.V., por 162,96 millones; Produmerk Occidente S.A de C.V. por 128,25 millones; Comercializadora del Valle Central S.A de C.V., por 93,4 millones; Grubernova S.A de C.V. por 82,43 millones; ESTRUCXA S.A de C.V. por 69,18 millones; y Marat S.A de C.V. por 65,65 millones.
Los recursos desviados en estos centros médicos como el Hospital Militar de Zona en Ixtepec (Oaxaca), el Militar Regional de Puebla (Puebla), el Hospital de Zona del Campo Militar 1 en Naucalpan (Estado de México), el Regional de Especialidades en Mérida (Yucatán) y la Unidad Médica de Consulta Externa del Colegio Militar ascienden a 115 millones de pesos (unos siete millones de dólares al tipo de cambio de entonces). Los pagos fueron por diversos insumos y servicios clínicos que supuestamente prestaron una treintena de empresas fantasma entre 2013 y 2018”.
Asimismo, se utilizó dinero en pagos por 50 millones de pesos para supuestos servicios de obra civil, instalación de invernaderos y viajes para acarrear grava en los viveros forestales en varios estados.
En julio de este año El País dio a conocer la primera parte de esta misma trama. Entonces Zorayda Gallegos publicó desvíos por 240 millones de pesos que habrían ocurrido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y el 13 de ese mes el columnista de El Financiero, Eduardo Guerrero Gutiérrez, especuló que el esquema era tan burdo que debía contar con la anuencia de líderes más altos en el escalafón jerárquico mexicano.
“Resulta difícil creer que se llevara a cabo por años sin el conocimiento de varios funcionarios”, dijo el columnista. “Lo preocupante del caso DRM no es el monto de lo robado, sino la actitud permisiva del gobierno”.
Por lo pronto, al parecer en México comienza a abrirse una nueva cloaca.
Lee la nota original de El País aquí.
