Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Esta mañana el gobierno federal comenzó a destapar los saqueos directos emprendidos por varias instituciones publicas y privadas de México a través de los fideicomisos. Y los primeros reportes arrojaron interesantes datos.
Se trata, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, de apenas un atisbo de lo que se difundirá durante los próximos tres meses. Pero que constituyen un buen ejemplo del saqueo directo al dinero de todos los mexicanos.
Durante este primer reporte el protagonista fue el Conacyt, ampliamente criticado en varias ocaciones por la opacidad con que operaba sus recursos.
Una opacidad que confirmó su actual directora, María Elena Álvarez, quien aseguró estar comprometida con la limpieza anunciada por el gobierno federal.
La directora general del Conacyt aseguró que entre 2013 y 2018 se transfirieron más de 41 mi millones de pesos a empresas privadas a través de fideicomisos, de los cuales 26 mil millones fueron traspasados a través del Programa de Estímulos a la Innovación.
Y detalló que algunas de las empresas beneficiadas con millonarios montos públicos fueron IBM, Monsanto, Bayer, Kimberly Clark, Volkswagen, Mabe, Femsa, Bimbo, Whirlpool e Intel.
“Ellas recibieron un total de 891 millones de pesos, dinero que tras el análisis que hicimos cuesta justificar en términos de uso científico”.
Lo anterior, añadió, quiere decir que el 44% de los recursos gestionado desde Conacyt para ciencia, tecnología e innovación, fue transferido al sector privado sin justificación visible.
También expuso que de las empresas que recibieron dinero directo del Conacyt destaca RH Mexico Simulation and Training, filial mexicana de la alemana Rheinmetall dedicada a la industria armamentística y del automovilismo, y que recibió un total de mil 531 millones de pesos entre 2000 y 2018.
Pero no fue todo. Álvarez también expuso la asimetría en la entrega delos recursos: el 1 % de los beneficiarios recibieron el 40% de los recursos.
“¿Cómo se seleccionó ese 1%? Es lo que hay que averiguar”.
Y otro ejemplo: en el caso del Instituto Mexicano del Petróleo, el 23% de los proyectos —y sus respectivos recursos— fueron transferidos a empresas y centros de investigación extranjeras “sin ningún sustento científico ni tecnológico”.
De ellas, afirmó, cuatro ya han sufrido terminación anticipada de contratos por no presentar resultados: Grupo Asesor Petrolero Venezolano, RSI SIMCON (Francia), Transpara (Canadá), y el Instituto Francés del Petróleo.
Pero al interior de México también hubo derroche. En el caso de los Fondos Mixtos, “que apoyan el desarrollo científico y tecnológico estatal y municipal”, un 80% se destinaron a obras de infraestructura y solo un 8% a investigación científica.
Los estados más favorecidos con este sistema fueron Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Yucatán, Baja California, Querétaro, estado de México, Hidalgo, Zacatecas y CdMx. Los más perjudicados: Chiapas, Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca.
También exhibió el caso del Centro e Innovación y Desarrollo Espacial que recibió 80 millones para tecnología referente al rubro pero presentó planos correspondientes a otro proyecto.
Destaca también, por lo burdo, el caso del Centro de Investigación y Desarrollo en Agrobiotecnología Alimentaria de Hidalgo. Como ejemplo, se le destinaron 100 millones de pesos, de los cuales el 60% se utilizó en la construcción de dos edificios. Lo peor: uno de ellos amás se terminó y ahora permanece en obra negra.
Y en el caso del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, recibió dinero a través del FOINS (destinado a otorgar apoyos y financiamientos para actividades directamente vinculadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológica) que fue utilizado en pagar celulares, comprar un edificio, pagar la nómina y hasta realizar banquetes.
También se expuso la situación del Consorcio Centromet, que recibió más de 392 millones de pesos y solo funcionó un año. Lo que más destaca es que la gerente Ana Díaz Aldret era la esposa del entonces director general del Conacyt, Enrique Cabrero.
Finalmente, Álvarez expuso que solo administrar los fideicomisos implica un costo anual de 500 millones de pesos.
“Son solo algunos ejemplos”, manifestó AMLO en su momento. “Pronto daremos a conocer muchos más casos con todos sus detalles”.
