Metapolítica
Morelia, Michoacán.- “La jueza de este proceso está incurriendo en responsabilidad, toda vez que habiéndose acreditado la comisión de tortura, (la víctima) debía obtener de inmediato la libertad”.
Fueron las palabras textuales de Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, respecto del caso —hasta ahora sin solución— de Rafael Méndez Valenzuela.
Encinas no quedó solo ahí.
“Hemos enfrentado muchos casos donde incluso delincuentes, tras haber sido torturados, han sido liberados y absueltos plenamente. Hemos discutido antes el caso de algunos de estos liberados como en el caso de Ayotzinapa”.
El comentario fue un golpe directo a la jueza del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca (Edomex), María del Socorro Castillo Sánchez, quien en julio de este año dejó en libertad al presunto líder del Cártel Guerreros Unidos, José Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, señalado como responsable de ordenar el asesinato y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Algo que en su momento fue calificado directamente como “corrupción” por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Castillo Sánchez consideró que la orden de aprehensión que se ejecutó el pasado 24 de junio, al detener a ‘El Mochomo’ en Metepec, Estado de México, era de 2014 y tenía errores técnicos. Además, no contaba con elementos y pruebas suficientes para culparlo del delito de delincuencia organizada y desaparición forzada”, indica una nota de ese momento del portal Infobae.
Encinas propuso directamente acudir al Consejo de la Judicatura Federal.
“Creo que sí se puede exigir al Consejo de la Judicatura la revisión del desempeño de la jueza en Toluca, porque teniendo conocimiento de que se han aplicado 4 protocolos de Estambul que han dado positivo respecto de la comisión de tortura, de inmediato debió haber tomado una resolución”.
Y aseguró que los involucrados deben reparar el daño inflingido a Rafael.
“¿Quién repara el daño? Primero corresponde a la autoridad que cometió este agravio, ya sea del fuero común o federal. En este caso, tratándose de tortura, corresponde a la autoridad federal a través del reconocimiento de su calidad de víctima en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”.
Familiares y abogados de la víctima han asegurado en distintas ocasiones que la jueza federal María del Socorro Castillo Sánchez ha dilatado injustificadamente el dictado de sentencia a Rafael Méndez Valenzuela, a quien la FGR acusó de ser miembro de un grupo criminal y la ONU exigió liberar por haber sido detenido en forma arbitraria.
“Hemos llegado al punto de que, solamente, dictando sentencia, así sea condenatoria, Rafael saldría al día siguiente”, ha dicho su abogado Sergio Ramírez.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ya anunció que este día hablara directamente con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.
