América Juárez Navarro
Morelia, Michoacán.- Con la exigencia de justicia, viudas, sobrevivientes y madres de jóvenes asesinados durante la incursión de la Policía Estatal a la comunidad de Arantepacua en abril del 2017, exigieron a la autoridad se atienda su petición de denuncia por los muertos y detenidos en este lamentable suceso.
Pidieron a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso, luego de que la Comisión Nacional Derechos Humanos (CNDH) emitiera la recomendación para investigar y sancionar a los responsables.
En rueda de prensa exigieron no queden en el olvido los actos violatorios de sus derechos humanos, y refirieron se determinó la responsabilidad del gobernador Silvano Aureoles y la Fiscalía del Estado en 4 ejecuciones extrajudiciales, 48 detenciones arbitrarias, 10 casos de tortura, 38 casos de tratos crueles, 56 allanamientos ilegales, criminalización de la protesta social y 213 víctimas directas ya documentadas (y más de mil vícitimas indirectas).
El Colectivo Liquidámbar, que acompaña a la comunidad, se sumó a la petición de justicia y a la par la comisión de Justicia, que representa Lucio Baltazar Vázquez, señaló que la comunidad de Arantepacua exige que el actual gobernador Silvano Aureoles Conejo reconozca públicamente la masacre que provocó en su comunidad.
Asimismo, exigió que el actual fiscal Adrián López Solís reconozca que fueron los actores intelectuales.
“La comunidad de Arantepacua no se quedará con los brazos cruzados y siempre estará en lucha y resistencia hasta clamar justicia. Hacemos extensivo el llamado aquellas comunidades hermanas, organizaciones sociales, para seguir en ese sendero de lucha, de exigir por nuestros comuneros caídos”, dijo.
Y agregó que “la comunidad de Arantepacua unificará las fuerzas necesarias y la coyuntura con las demás comunidades con el magisterio y los estudiantes de Michoacán para hacer frente al Gobierno del Estado que provocó esta masacre”.
