América Juárez Navarro
Morelia, Michoacán.- Las Comisiones de Justicia y Salud analizarán la propuesta de iniciativa entregada por colectivos feministas, que piden la derogación de los artículos 142 y 143 que sancionan el aborto con consentimiento y sin él.
Los artículos 143 y 142 establecen el aborto sin consentimiento, mismo que refiere que abortar a una mujer sin su consentimiento se le impondrá de tres a ocho años de prisión. Si mediare violencia física o psicológica se impondrá de seis a nueve años de prisión, así como aborto con consentimiento que va dirigido quien hiciere abortar a una mujer con consentimiento previo de ésta, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión.
El documento entregado a la Mesa Directiva se suma a otras propuestas ya realizadas por otros diputados, entre los que se encuentran, la de Antonio Norberto Martínez Soto, diputado del PRD y se encuentra en análisis.
De acuerdo con la iniciativa, en Michoacán se criminalizan los abortos espontáneos; agrega que en todo el país existen mujeres cumpliendo condenas por un supuesto delito, que no es más que un hecho desafortunado pero natural. Informa que de acuerdo al sitio de consultoría sobre planeación familiar Planned Parenthood, entre el 10 y 20% de todos los embarazos terminan en abortos espontáneos, los cuales son criminalizados a pesar de no poder prevenirse ni evitarse.
Además en el país hay cuatro mil 118 mujeres criminalizadas por practicarse un aborto, dentro de las cuales 117 son michoacanas y en Morelia 40 están en prisión cumplimentando una condena por interrupción del embarazo.
“Como sucede en el resto de las entidades del país, las mujeres michoacanas no recurrimos a los servicios de aborto legal previstos en el artículo 146 de nuestro Código Penal (excluyentes de responsabilidad del aborto) ni en la norma oficial NOM-046, no sólo por la profunda desconfianza hacia el sistema de procuración y administración de justicia, el temor a ser criminalizadas, la inoperancia del sistema de causales y la excesiva burocracia, sino también porque persiste entre el personal médico y de seguridad pública tanto un profundo desconocimiento de la ley, como interpretaciones inexactas, confusión debido a la penalización del aborto voluntario, y el estigma en torno al aborto” se narra en el documento.
Agrega que el mantener la penalización del aborto nos convierte en un país que le falla a la mitad de sus habitantes, reafirmando el ancestral prejuicio que nos coloca como perversas y mentirosas: ciudadanas de segunda categoría o, peor aún, ciudadanas sin derechos.
