Metapolítica
Ciudad de México.- El gobierno de Estados Unidos contempla destinar cerca de 159 millones de dólares en asistencia a México, sobre todo para seguridad y antinarcóticos, renovar reuniones bilaterales de alto nivel sobre seguridad y mayor asistencia para manejo migratorio.
Sin embargo, en el proyecto de ley para la apropiación de estos fondos ante el Congreso también están incluidas órdenes para evaluar el respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en México.
El Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes emitió ayer su reporte sobre el proyecto de ley que, a nivel mundial para el año fiscal 2022, destinará fondos a las operaciones internacionales del gobierno federal, cuya propuesta es de más de 13 mil millones de dólares para el Departamento de Estado, entre los cuales está lo propuesto para México.
Este proyecto de ley incorpora o modifica las propuestas del Ejecutivo para el presupuesto federal registrando el giro en política exterior bajo el nuevo gobierno de Joe Biden, y además, incluye las recomendaciones y condiciones del Congreso.
Para México, el Comité de Apropiaciones recomienda destinar 158 millones 910 mil dólares en asistencia manejados por el Departamento de Estado. La gran parte de ese recurso se desembolsaría, de ser aprobada la propuesta sin modificaciones, a través de dos canales: 100 millones de dólares a programas de la oficina de Control Internacional de Narcóticos (INCLE, por sus siglas en inglés), y otros 50 millones de dólares al Fondo de Apoyo Económico (ESF).
Además, está la propuesta de aportar un millón 750 mil dólares para Educación y Capacitación Militar Internacional (IMET); 6 millones de dólares al Programa Internacional Militar de Financiamiento (FMF) y otro millón 160 mil dólares para los programas de no proliferación, antiterrorismo, antiminas y relacionados.
Algunos de estos fondos son destinados a entidades responsables del tema migratorio, incluyendo Comar y el Instituto Nacional de Migración.
El proyecto de ley afirma que los fondos de asistencia para México tendrán como prioridad, entre otras, “apoyar la construcción de capacidad de instituciones mexicanas en los sectores de seguridad y justicia para combatir y enjuiciar las organizaciones criminales trasnacionales” y “promover el buen gobierno, protección de derechos humanos y la investigación y enjuiciamiento de violaciones, esfuerzos para buscar e identificar a personas desaparecidas”.
De aprobarse este proyecto de ley, el comité instruye al secretario de Estado presentar un plan para restablecer reuniones bilaterales de seguridad entre Estados Unidos y México.
Asimismo, ordena que el secretario de Estado y el administrador de Usaid a presentar un informe al Congreso evaluando los programas implementados bajo la Iniciativa Mérida y una evaluación del efecto de la nueva ley mexicana sobre agentes federales extranjeros para la cooperación bilateral.
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