Metapolítica
Ciudad de México.- El crimen organizado ha ganado terreno en la actividad pesquera que realizan comunidades ribereñas, debido a la falta de apoyo al sector y la crisis que afecta a cooperativas, compradores y empacadores por la pandemia, según información que publica Excélsior.
Por necesidad o presión, refiere el diario, los pescadores reciben créditos del crimen “para fabricar sus redes, reparar motores o remozar sus pequeñas embarcaciones, previo al inicio de la temporada de captura”.
Anteriormente, los pescadores recurrían a préstamos proporcionados por sus propios clientes, cuando no tenían liquidez para enfrentar los gastos por el reinicio de actividades.
A diferencia de otros años, señala Excélsior, “los pescadores de pequeña escala, severamente golpeados por el cierre de mercados y los contagios de COVID-19, que ellos mismos sufrieron o sus familiares, no tienen otra salida que aceptar el financiamiento de la delincuencia, que les cobra altos intereses, ya sea en efectivo o en especie”.
Los productores reconocieron llegará un momento en el que, al no haber producción, “‘los malosos’ les van a cobrar los adeudos con sus equipos o sus permisos de pesca”.
“Anteriormente el financiamiento se daba de dos maneras, la cooperativa de donde eres socio te avituallaba y te prestaba una lana, y la otra opción era a través del comprador, el mayorista, la persona a la que le entregabas el producto te daba un crédito incluso sin intereses y le pagabas con pescado o con dinero; si era una temporada mala, no pasaba nada, la siguiente temporada lo reponías”, explicaron, y continuaron: “Desafortunadamente lo que está haciendo ahora el crimen organizado es intimidar a los grandes intermediarios para que dejen de comprar producto y por consiguiente dejen de avituallar a los pescadores”.
Las cooperativas no tienen capital para avituallar, dijeron, y detallaron que esto se debe a que en el sector ya no hay ningún tipo de apoyo, pues “de 22 programas que había, sólo quedó uno, el llamado Bienpesca, que se entrega una vez al año de manera directa por un monto único de siete mil 200 pesos”.
“Anteriormente mucho del dinero que se otorgaba a las cooperativas, ya sea para ordenamiento pesquero, modernización de artes de pesca, apoyo en investigación o inspección y vigilancia, se quedaba ahí mismo y servía para avituallar a los socios, pero ahora no existe nada y entonces las cooperativas van en picada, rumbo a la quiebra”, aseveraron.
Ante la ausencia de las autoridades y la falta de aplicación de la ley, dijeron los pescadores a Excélsior, “esta situación se repite en la mayoría de los estados costeros, como es el caso de Quintana Roo con el caracol rosado; el pulpo en Yucatán; la región noroeste: Sonora, Sinaloa y Baja California, con el camarón, así como en Baja California Sur con la almeja generosa y la almeja catarina”.
Con información de Excélsior
