Redacción
Morelia, Michoacán.- El Pleno del Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán hizo entrega del Informe Anual de Actividades 2020-2021 en el Congreso de Michoacán, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del organismo.
En atención a los lineamientos de austeridad y cuidado del medioambiente, así como siguiendo las medidas sanitarias implementadas ante el COVID-19, el contenido del informe se realizó en versión electrónica, con la intención de evitar dispendios innecesarios.
En el acto protocolario que se realizó en el Salón de Recepciones del Congreso local, el procurador michoacano entregó el informe a la diputada presidenta de la Mesa Directiva de la 75 legislatura local, Adriana Hernández Íñiguez.
En su mensaje, el titular de la CEDH Michoacán, Marco Antonio Tinoco Álvarez, enfatizó que a través de este informe “se da cuenta a la ciudadanía de la inversión de cada peso que se destinó desde el legislativo a este organismo autónomo”, para que se conozca que “no es dinero tirado a la basura, sino que se aplicó en formación social y en protección de los derechos humanos”; a la par de que con este acto, dijo, se cumple con dos principios básicos: el de transparencia y el de máxima publicidad.
“Aquí y ahora los gobiernos están obligados a generar todas sus políticas públicas con la agenda 2030, hoy una agenda pública que no se formula con base a los derechos humanos no debe ser obedecida”, dijo Tinoco Álvarez, y precisó que el trabajo desde la institución estará basado en seis ejes estratégicos y en 12 agendas de los derechos humanos.
En el acto, pidió al legislativo trabajar de manera conjunta en una reforma legal y constitucional al organismo; que lo dote de mayor dinamismo, transparencia y eficacia, ya que es una Comisión lejana a la ciudadanía que no percibe al organismo como un aliado.
En este informe que comprende el periodo del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, se destaca que la pandemia incidió en el actuar del organismo y, aún así, se atendieron 2 mil 44 asuntos en total, de los cuales, mil 244 fueron quejas ante presuntas violaciones a los derechos humanos por acción u omisión de autoridades o servidores públicos; 484 orientaciones que se brindaron a personas que solicitaron el apoyo del organismo, y se realizaron 316 canalizaciones en asuntos que por no ser competencia de la institución se condujeron a las instancias correspondientes para su atención.
En este periodo se emitieron 66 recomendaciones y 24 archivos de no violación. Los temas recurrentes siguen siendo seguridad pública, procuración de justicia, educación y salud; aunque se percibe un aumento significativo en temas antes no abordados, como lo son servicios públicos, en los que la población demanda mayor número de servicios y de mejor calidad.
Otro de los temas es el desarrollo urbano, que ha ido en aumento considerable, como parte de la tutela de los DESCA (derechos económicos, sociales y culturales) en los que hoy las autoridades deben poner especial énfasis en sus gobiernos, como motor de desarrollo sostenible.
Dentro de las acciones implementadas en el periodo se realizó el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria, acorde con los estándares nacionales e internacionales y en concordancia con los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para verificar las condiciones de estancia e internamiento de las personas privadas de su libertad, así como para observar el respeto a sus derechos humanos.
Se aplicó el Programa Estatal de Supervisión para Áreas de Internación Municipal o Barandilla para vigilar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en establecimientos destinados a la detención preventiva.
Se desarrolló el Programa de Supervisión a los Albergues de Personas Jornaleras, al ser un grupo en situación de vulnerabilidad que provienen de regiones pobres y marginadas del país y que encuentran en los campos agrícolas de Michoacán un sustento para la manutención de sus familias.
Se abrió la Visitaduría Auxiliar en Paracho, con el fin de atender asuntos de los pueblos y comunidades indígenas, y acercar los servicios del organismo a este sector de la población.
Se adquirió, por donación del Ayuntamiento de Zamora, un terreno para la construcción de las oficinas de la Visitaduría Regional en esa ciudad, espacio que formará parte del patrimonio físico de la institución y representará un ahorro significativo para el organismo, al dejar de pagar renta, además de permitir la dignificación los espacios de atención a la ciudadanía.
Se colocó en las instalaciones del organismo una placa en braille, como reconocimiento a este medio de comunicación y distintivo para formar la plena inclusión social, el acceso a la información y la comunicación de las personas con discapacidad visual.
Asimismo, se contrató a un intérprete de lengua de señas, mismo que representará un enlace de comunicación con las personas sordas.
