Por Metapolítica
Los recientes escándalos de sobornos del gigante constructor brasileño Odebrecht, que implica un entramado de corrupción en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como en los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy en Michoacán, ponen luz al sistema de soborno y fraude masivo en 12 países durante al menos una década, pagando al menos 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios de gobierno, partidos políticos y candidatos con el fin de obtener ventajas en la adjudicación de contratos de obra pública y en el desarrollo de sus negocios en distintos países.
Los sobornos datan de los primeros años del presente siglo hasta la actualidad. Las investigaciones de muchas instancias de justicia de todos los países implicados en la red de sobornos de Odebrecht siguen en curso y nuevos antecedentes han involucrado a las más diversas esferas del poder, pasando desde funcionarios públicos, partidos políticos, candidatos, hasta ministros de estado e inclusive presidentes de la República. Asimismo, este escándalo ha puesto en alerta de muchos gobiernos sobre el modus operandi de una infinidad de empresas privadas que presta servicios a muchos países, sobre todo en el sector energético.
En junio de 2015, la policía brasileña encargada de investigar la macrotrama corrupta de la petrolera estatal Petrobras arrestaba, en su lujosa casa de São Paulo, a uno de los empresarios más poderosos de Brasil, Marcelo Odebrecht. El mundo económico brasileño se echó a temblar; el mundo político, también. Y no han parado desde entonces de hacerlo. Los secretos que podía guardar el presidente de la mayor constructora de América Latina, con 168 mil empleados, y con ramificaciones en 28 países, entre otros, en Venezuela, Colombia, Perú o Estados Unidos, eran de tal calibre y de tal potencia que podían, por si solos, derribar presidencias o hacer caer gobiernos en toda la región.
En diciembre de 2016, tras un acuerdo del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el conglomerado de construcción brasileño Odebrecht de delación premiada, esta última reveló haber configurado un sistema de soborno y fraude masivo en 12 países durante al menos una década. Varios países como Perú, Guatemala, México, Colombia y Ecuador se han visto golpeados por el caso Odebrecht.
La confesión del fin mundo
Durante muchos meses, Marcelo Odebrecht, un hombre pagado de sí mismo y de carácter fuerte, se negó a aceptar el regalo envenenado de la Fiscalía brasileña: confesar lo que sabía –esto es: a quién había sobornado para conseguir contratos golosos– a cambio de rebajar la condena. Pero la situación en caída libre de la empresa, sobre la que pesaba una prohibición de presentarse a concursos públicos, más las pruebas recogidas por los investigadores (la carpeta olvidada de una secretaria en la que figuraban los nombres y apodos de los políticos sistemáticamente sobornado constituyó una de las más concluyentes) le hicieron doblegarse.
Aceptó hablar y delatar a cambio de rebajar 10 años la condena (de 19 años). Con él, otros 77 altos cargos de la empresa se prestaron también a dar nombres, fechas y cuantías a la policía a cambio de años de libertad.
Además de pedir perdón públicamente, la empresa también se avino a pagar la mayor multa impuesta a una compañía acusada de corrupción: 3 mil 500 millones de dólares, repartidos entre los Gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza (países que también investigaban a Odebrecht por sus prácticas corruptas). A cambio, dejaba de estar proscrita y volvía a poder concursar a obras públicas, su principal fuente de ingresos.
La caja de pandora fue inmensa y atronadora: Desde Estados Unidos y pasando por las fiscalías locales, ya afecta, fuera de Brasil, al presidente colombiano Juan Manuel Santos y a varios expresidentes de Perú, incluso ha rozado al mexicano Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. “Odebrecht empleó una secreta, pero totalmente funcional, unidad de negocios de la empresa –un departamento de sobornos, por decirlo de alguna manera– que sistemáticamente pagó cientos de millones de dólares para corromper a funcionarios del Gobierno en países de los tres continentes”, afirmó en diciembre de 2016 Sung-Hee Suh, fiscal general asistente de la División Criminal del Departamento de Justicia norteamericano.
El secreto de sumario impuesto a las confesiones de los más de 70 altos cargos (incluida la de Marcelo Odebrecht) se levantó a mediados de abril de 2017. La acertadamente llamada Confesión del fin mundo salpicó a todos los espectros de la política brasileña: cargos del pasado, jóvenes promesas, gobierno (especialmente gobierno) y oposición. “No ha habido en Brasil una sola campaña electoral sin una caja B”, alerta un ejecutivo en uno de las decenas de vídeos publicadas por la Fiscalía brasileña. Y eso es solo el comienzo. Se trata solo de la información del país y ninguna de las acusaciones ha sido demostrada por un tribunal. Lo que esconda la declaración de Marcelo Odebrecht, que trataba con presidentes y ministros de muchos países, es dinamita pura a punto de estallar.
México, los sobornos datan del 2005
Odebrecht reconoció haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a “altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado (mexicano)”. Los representantes de la constructora brasileña admitieron en diciembre a las autoridades judiciales de Estados Unidos que el pago de sobornos se hizo entre octubre de 2013 y finales de 2014 para ganar contratos con una compañía de la que no revelaron el nombre. La Secretaría de la Función Pública (SFP), que se encarga de investigar las acusaciones de corrupción en contra de funcionarios, dijo que investigaría el caso.
Petróleos Mexicanos (Pemex, la petrolera paraestatal) también se pronunció públicamente en favor de revisar tres grandes contratos que otorgó a Odebrecht y por los que obtuvo 39 millones de dólares en beneficios. Entre ellos la construcción al norte del país del gasoducto Los Ramones, de 450 kilómetros de longitud, y el acondicionamiento de un terreno donde se levantará la refinería de Tula (Estado de Hidalgo).
En el tiempo en que se pagaron los sobornos, Pemex era un actor central en la apertura del sector energético mexicano. La ramificación mexicana del caso atañe incluso al expresidente Felipe Calderón (en el poder entre 2002 y 2006) con la publicación de un correo electrónico de una filial de la constructora para intentar que Lula da Silva intercediera ante Calderón para beneficiar la inversión brasileña en México.
Sin embargo, la presencia de Odebrecht data del 2005 en México, cuando comenzó la construcción de la presa Francisco J. Múgica en el municipio del mismo nombre en Michoacán. Revelaciones recientes informan que varios funcionarios de los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy –entonces de extracción perredista–, recibieron cuantiosas aportaciones por emisarios de la constructora brasileña, esto a fin de recibir el contrato de la Presa Francisco J. Múgica, la cual tuvo un sobre precio respecto al proyecto original.
La información revelada señala que al menos 9.2 millones de dólares fueron transferidos por la firma entre 2006 y 2011 para corromper a diversas personas relacionadas con proyectos en México.
La tumba de los políticos latinoamericanos
El escándalo Odebrecht ha generado las mayores crisis política en el hemisferio latino americano. Las acusaciones de corrupción y las denuncias se cuentan por centenares y llenan los escritorios de todas las fiscalías del continente.
En Argentina estaba muy instalada la idea de que el caso Odebrecht era un problema del kirchnerismo. Durante los 13 años en el poder de Néstor y Cristina Kirchner la multinacional brasileña hizo grandes negocios y, según la investigación judicial, aportó a “intermediarios” en Buenos Aires 35 millones de dólares que le permitieron acceder a contratos por unos 278 millones de dólares. Sin embargo, el escándalo ha dado un vuelco inesperado y ha tocado de lleno el entorno del presidente Mauricio Macri.
En Brasil, a mediados de abril de 2017, el tsunami Odebrecht sacudió la política brasileña: se levantó el secreto de sumario sobre las 78 confesiones y comenzó el torrente de acusaciones a políticos de toda índole: izquierdas, derechas, oposición, gobierno… Aunque el Tribunal Supremo, que investiga la mayoría de estos casos aún no ha confirmado ninguna de ellas, el juez Edson Fachín, encargado del caso, ha pedido investigar a investigar a los tres últimos presidentes, Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva y Dilma Rousseff, y también en el régimen del conservador Jair Bolsonaro, pero goza de inmunidad: en Brasil, a un presidente no se le puede juzgar por las cosas que hiciera antes de llegar al cargo.
Chile no figuraba en un principio en la lista de Estados alcanzados por la trama corrupta, pero la policía chilena registró a principios de marzo la sede de Odebrecht en Santiago para incautarse de documentación. El fiscal general de Chile, Jorge Abbott, anunció que uno de los miembros de su equipo viajaría a Brasilia y declaró a los medios de comunicación su interés en hablar con “cierta gente” en relación a hechos “que podrían haber ocurrido en Chile y que eventualmente podría constituir delito”.
En Colombia, el coordinador de la campaña del expresidente Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, reconoció que Odebrecht les había financiado de forma irregular pagando los carteles electorales en 2010: “Yo ordené los afiches operativamente con plata de Odebrecht. Es una realidad. Eso fue una operación irregular”, afirmó Prieto.
Las ramificaciones colombianas del caso se extienden incluso a la guerrilla de las FARC. Según la revista Veja, una de las principales de Brasil, la compañía de Odebrecht reconoció haber pagado durante dos décadas un impuesto revolucionario a la principal guerrilla colombiana a cambio de tener garantizada la seguridad en el territorio mientras construía una autopista entre el centro del país y la costa del Caribe.
Ecuador también se ha visto afectado. Funcionarios de ese país recibieron pagos por 33.5 millones entre los años 2007 y 2016. La Fiscalía ecuatoriana ha pedido ayuda a España para tomar declaración a Rodrigo Tecla Durán, un implicado detenido en suelo español que puede aportar información sobre el caso Odebrecht en Ecuador, según informó EFE. Durán es investigado por presunto lavado de capitales, soborno de funcionarios y pertenencia a una organización criminal.
La trama de corrupción de Odebrecht salpica a varios expresidentes peruanos. La Fiscalía anticorrupción solicitó 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo, presidente del país entre 2001 y 2006. A Toledo se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, a la que habría favorecido en la carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil.
En los últimos meses, el gobierno de Perú ha congelado las cuentas bancarias, propiedades y vehículos de ocho empresas brasileñas, incluida la constructora, y el Congreso ha aprobado modificar la Constitución para que los delitos continuados de corrupción no prescriban.
Toledo no es, sin embargo, el único expresidente peruano salpicado por la trama de corrupción de Odebrecht. La situación judicial del exmandatario Ollanta Humala, que dirigió el país entre 2011 y 2016, se enmarañó tras la revelación del diario brasileño Folha de Sao Paulo de que la empresa había entregado tres millones de dólares a su campaña presidencial y una declaración, difundida en Twitter por un exprocurador anticorrupción, en la que Marcelo Odebrecht confirmaba que había entregado tres millones de dólares a Humala para financiar la campaña electoral de 2011 del expresidente. Antes de estas revelaciones, la justicia peruana ya investigaba desde hace meses a Humala por lavado de activos en el financiamiento de sus campañas.
La trama salpica también a un expresidente anterior, Alan García, que presidió Perú en dos etapas (de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011). El jefe del grupo especial de fiscales para el caso en Perú, Hamilton Castro, incorporó a principios de este mes de abril a García en la lista de investigados por supuestas irregularidades en la concesión, en 2008, de dos tramos de la línea uno del metro de Lima.
En 2019, tras conocer que iba a ser arrestado por la policía peruana por sus implicaciones en la red de corrupción, Alán García se suicidó cuando los agentes policiacos tocaban la puerta de su casa. Una de sus hijas, Lucía García, leyó en el velorio el mensaje en que el exmandatario insiste en su inocencia en el escándalo de corrupción por el que iba a ser arrestado cuando se quitó la vida. En el texto, García afirma que deja su cadáver como muestra de su “desprecio” hacia sus “adversarios”.
