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Federalización de nómina educativa dará un respiro a las finanzas estatales: Ernesto Núñez

Héctor Tapia / Metapolítica

Morelia, Michoacán.- Michoacán necesita que se concrete la llamada federalización de la nómina educativa para que las arcas estatales tengan un respiro con el Presupuesto de Egresos del siguiente ejercicio fiscal, aseveró el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar

Esto lo remarcó frente a la que es considerada una de las “grandes discusiones” que tendrá la naciente Legislatura frente al cierre de este año, que es la discusión presupuestal de 2022.

Por tanto, dijo en entrevista que el diseño presupuestal que se dará “mucho dependerá de cómo trata la Federación al estado”, a partir de las participaciones federales, la atracción de la nómina educativa estatal y otro aspectos, en los que, dijo Núñez Aguilar, “espero que haya sinergia de ayudar al gobernador” por parte de la Federación.

Fue ante esto que el coordinador parlamentario remarcó que es necesario que “realmente se dé la federalización de la nómina”, y que este hecho en particular ayudará a desahogar las finanzas del estado, lo que a su vez permitirá invertir en obra pública y destinar más recursos a los municipios.

“Esperemos que se pueda dar, ese me parece el tema medular. Si todo se va a educación, no hay para otros temas trascendentales, es a donde debe abocarse el nuevo gobierno”, explicó.

En cuanto a la federalización de la nómina, se trata de un compromiso adquirido or parte del gobierno federal con Michoacán desde 2018; sin embargo, no se pudo concretar con Silvano Aureoles Conejo al frente de la administración estatal.

Hay que recordar que ya con el nuevo gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la capital del estado para anunciar el Plan de Apoyo para Michoacán, y una de las medidas que se concretarían sería la federalización de las plazas con clave estatal.

Alfredo Ramírez Bedolla, por su parte, ha referido que este proceso podría tardar alrededor de seis meses y que el acompañamiento federal al estado se daría mediante un fondo específico.

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