Héctor Tapia / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Inició la ruta interinstitucional entre los Tres Poderes del Estado michoacano para que la justicia laboral en el estado ya no la imparta el Ejecutivo, sino el Poder Judicial, y para ello se requieren reformas en las cuales Michoacán va retrasado.
Así fue reconocido por los integrantes de la Mesa de Implementación de la Reforma Laboral en Michoacán que se instaló formalmente este jueves, y en la cual se fueron detallando una serie de retos y fases que se tendrán que ir desahogando y cumpliendo para dar cumplimiento y seguimiento a la Reforma Constitucional que ya existe a nivel federal pero que faltan los ajustes en el marco jurídico local.
En la instalación estuvieron presentes los representantes de los tres Poderes del estado; por parte del Ejecutivo, estuvo el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; por el Legislativo, Adriana Hernández Íñiguez, y por el Judicial, Héctor Octavio Morales Juárez.
Igualmente acudieron el secretario de gobierno, Carlos Torres Piña, y el subsecretario de Asuntos Laborales de la Segob, Juan Pablo Puebla Arévalo, quien explicó cada una de las fases que se tendrán que ir desahogando en la ruta de la implementación total de esta reforma que trasladará la justicia laboral al Poder Judicial a partir de mayo de 2022.
En este contexto, Juan Pablo Puebla explicó que lo que se pretende con la mesa es la coordinación interinstitucional de los Tres Poderes, para lo cual las acciones concretas se han empezado a desahogar, en las que una de las fases se librará en todo este año, fase que está dividida en cinco momentos específicos.
En la ruta jurídica, va desde: 1) la declaratoria de constitucionalidad de la reforma laboral y su correspondiente publicación en el Periódico Oficial del Estado; 2) el planteamiento de la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica para el Poder Judicial, así como una reforma a la Ley Orgánica para los Centros de Conciliación Laboral; 3) Turnarse a comisiones las iniciativas elaboradas; 4) El trabajo de comisiones para dictaminar; 5) Discusión y en su caso aprobación de los dictámenes por el pleno del Congreso y su correspondiente publicación en el Periódico Oficial del Estado.
En cuanto a la ruta crítica técnica para la implementación, el funcionario estatal detalló que hay un subsidio federal de 43 millones de pesos para Michoacán para atender la implementación de esta reforma. Luego vendrá la discusión del presupuesto estatal en el Congreso local.
En diciembre se tendrán que emitir los lineamientos para poder acceder a este subsidio para la tercera etapa e iniciar la fase de selección de los inmuebles para los centros de conciliación y juzgados laborales.
Esto vendrá acompañado por la realización de foros de difusión, e información de junta de gobierno, la emisión de convocatorias para los cargos de conciliadores, capacitación de personal y la posterior ejecución de los recursos destinados para este fin, abundó Puebla Arévalo.
Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández, dijo que es importante que los tres Poderes trabajen de manera conjunta para atender esta reforma, la cual busca agilizar la justicia laboral.
“El nuevo modelo es un proceso complejo construido por todas las fuerzas políticas. El legislativo hará todo lo posible para coadyuvar en esto”, remarcó.
En tanto que el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Héctor Octavio Morales, dijo que se ve “con beneplácito que se logró esta reforma” constitucional a nivel federal, y que desde el Poder Judicial “estamos dispuestos a participar en esta ruta crítica, con respeto a las atribuciones” de cada institución.
Apuntó que en lo que respecta al Poder Judicial “estamos sujetos a cuestiones presupuestales” que se tendrán que ajustar para poder dar atención a las nuevas atribuciones que traerá consigo la reforma.
Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez dijo que esta reforma es obligada para Michoacán, y que “estamos ante la oportunidad de cumplir con este mandato de nuevo sistema de justicia laboral, donde no es el Ejecutivo quien resuelve las controversias laborales sino el poder Judicial, a través de los jueces” en la materia.
En lo que competerá al Ejecutivo, refirió, sólo se quedará con lo relativo a la parte conciliatoria, no la de arbitraje.
“Pese a los tiempos, que se tienen encima y estamos contratiempo”, esto se vino postergando por cuestiones de economías y presupuesto, aspecto que ahora tendrá que adecuarse también en función de las reformas que se vienen, y quedar contemplado en el presupuesto 2022.
“Confío en que lo podamos lograr, este no es un tema partidario, viene de antes de este sexenio, incluso desde antes de la anterior”, reforma que tiene que ver con dar mayor competitividad a México y a Michoacán en el marco del Tratado de Comercio con Canadá y Estados Unidos, el T-MEC.
“A partir de mayo (de 2022), el Judicial es quien recibirá todos estos juicios. Pero también el estado tendrá que hacer lo suyo”, resaltó el gobernador.
