Héctor Tapia / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Seguridad Pública fue una de las áreas que la administración de Silvano Aureoles Conejo aplicó esquemas de desvío de recursos estatales, a través de los cuarteles de seguridad regionales que impulsó durante su gestión, donde se han encontrado hallazgos que presumiblemente reflejan la corrupción con la que se condujo.
Las irregularidades encontradas reflejan que se buscó con dichos mecanismos evadir la normativa de adquisiciones y licitaciones, y favorecer a una empresa específica: Inmobiliaria DYF S.A de CV, a la cual se le pagó por arrendamiento de bienes inmuebles inexistentes, y posterior compra de los mismos.
La observación, explicó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, es a partir de los hallazgos que se tienen en siete de estos cuarteles regionales, de la cual se suma 5 mil 186 millones de pesos, tanto por arrendamiento irregular y a sobreprecio, como por la compra de estos bienes inmuebles que se signaron ante notario dos días antes de que concluyera su periodo de gestión; es decir, que firmó y concretó la compra el 28 de septiembre pasado, sin que se tengan mayores elementos que hagan constar que esos espacios pertenecen actualmente al patrimonio estatal.
La empresa Inmobiliaria DYF S.A de C.V es la misma empresa que la administración que encabezó Silvano Aureoles Conejo contrató para los trabajos de remodelación del Centro de Convenciones del Estado.
En conferencia de prensa, el gobernador michoacano detalló estos hallazgos en siete de los 10 cuarteles que impulsó el anterior gobierno, los cuales están localizados en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Zitácuaro y Uruapan.
Estos hallazgos, dijo, “indican actos de corrupción, de lujos graves”, que muestran por qué al cierre de la administración no había recursos para el pago de las nóminas de los tres Poderes y organismos autónomos en el estado.
Puso como ejemplo el caso de cuartel de Apatzingán, donde se firmó el proyecto ejecutivo, había uno por cada cuartel, se firmó el contrato de arrendamiento y mantenimiento, esto en el 2016, sin que la empresa referida haya tenido propiedad sobre el terreno donde se construyó.
“Simularon contratos de arrendamiento que eran de obra pública, para evadir la Ley de Adquisiciones y Licitaciones, y reglamentación en la materia”, aseveró.
En el caso del cuartel de Uruapan, abundó, el tema “es más grave”, porque el predio fue donado por el gobierno municipal, y luego apareció con contrato de compra.
El gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, pagó un total de 3 mil 425 millones 732 mil pesos tan sólo por el arrendamiento contratado con la inmobiliaria, y un costo adicional de mil 760 millones 366 mil pesos por concepto de adquisición; es decir, en total el gobierno de Michoacán erogó para este fin 5 mil 186 millones 99 mil 288 pesos.
En sus características, cada cuartel tiene tres áreas: el cuartel, un área administrativa de gobierno y una casa de gobierno que, según detalló, tenía todos los lujos, con dos recamaras secundarias y una principal, totalmente blindadas, con jardín equipado con asador.
El gobernador michoacano aseveró que de estas adquisiciones que se hicieron al cierre de la administración de Silvano Aureoles “no se tiene evidencia documental de que recibió las instalaciones o que el Gobierno de Michoacán sea propietario de los inmuebles” adquiridos.
A partir de esto, informó de que se presume que esto se realizó a un sobreprecio “muy elevado”, por lo que se realizará un nuevo avalúo.
Sobre estos cuarteles “no hay certeza de qué se entregó, ni en qué condiciones, pues ya hay deterioros, falta de equipamiento o instalaciones”, aseveró.
El caso específico ya está en manos de la Secretaría de Contraloría y todos estos hallazgos que se informaron servirán para las carpetas que se integran con el fin de interponer las correspondientes denuncias.
Ramírez Bedolla remarcó que muchos de estos cuarteles están en mal estado, o inconclusos y semiabandonados.
Por ello, dijo el gobernador, estas irregularidades en los siete cuarteles regionales, el arrendamiento de helicópteros y las irregularidades en el C5, todas ellas operadas a través de la Secretaría de Seguridad Pública, es que se asevera que en esta área “es donde están los principales indicios y hallazgos de irregularidades, muy fuertes”, enfatizó.
