Por Héctor Tapia
El titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, se lanzó a la ofensiva contra el gobierno emanado de Morena.
La decisión de poner millonarias e inalcanzables fianzas, utilizando los resquicios legales para que puedan ocupar un cargo los integrantes del gabinete de Alfredo Ramírez Bedolla, no puede entenderse de otra forma más que una reacción “colérica” ante el velado interés de Morena, desde el Congreso del Estado, de buscar removerlo del importante espacio que ocupa.
Aludiendo a una serie de artículos establecidos en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán, presentó un documento al Congreso del Estado, con el que refiere “la obligación de aquellos servidores públicos que manejen fondos públicos deberán otorgar fianza o caución, atendiendo los lineamientos para determinar los montos, recibir, registrar y custodiar las fianzas que emita la Auditoría Superior de Michoacán”.
Con esto, emite los lineamientos para “requerir, tramitar, recibir, registrar, aplicar y determinar los montos de las fianzas a los servidores públicos que recauden, ejerzan, administren, controlen, manejen o custodien recursos públicos, a fin de garantizar la responsabilidad en el desempeño de su empleo, encargo o comisión”.
Hasta aquí, a lo que se lee en primer momento, parece adecuada la aplicación de las fianzas solicitadas para aquellos que ejercen una responsabilidad en el gabinete de Ramírez Bedolla.
Sin embargo, al revisar a detalle el documento planteado al Legislativo, a través de la Comisión Inspectora de la ASM, puede uno advertir varios aspectos que de entrada se antojan inoperables, y que en consecuencia dan lectura que es más una medida de contrapresión al Ejecutivo, y una respuesta a Morena ante el interés de removerlo de la posición que ocupa, bajo el señalamiento y cuestionamiento de que es un “auditor carnal”, por su cercanía con el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, y por los cuestionamientos que hubo sobre su designación; sin contar otra serie de documentos e investigaciones existentes alrededor de él ligados a presuntos actos de corrupción.
“Dicha facultad de realizar la vigilancia y revisión una vez concluido el ejercicio fiscal, también contempla la obligación de presentar una fianza, al momento de asumir el cargo, para aquellos funcionarios que manejen fondos públicos, esto para garantizar las posibles responsabilidades en que pueda incurrir, permitiendo con esto, contar con herramientas necesarias para prevenir, proteger o resarcir los daños o perjuicios que pudieran cometer a las haciendas públicas o al patrimonio de las entidades”, refiere en el documento, que parece muy loable, más en un contexto en el cual justamente no se ha resarcido el daño que han provocado exfuncionarios y exgobernantes, no sólo de la administración pasada, sino de las previas a esa.
Pero al abordar los montos de las fianzas, que a continuación desglosamos en esta columna, hay diversas que son impagables o imposibles de cubrir, cuando menos para quien pretenda dejar claro que es servidor público.
No abordaremos la totalidad de las posiciones, pero sí las que llaman la atención, tanto por tipo de responsabilidad como por montos establecidos como fianzas, y que merecerán sin duda un análisis desde el Congreso que no podrá dejar de lado el ingrediente político, pero que deberá llevar a revisar la vigencia, congruencia o términos de los lineamientos jurídicos.
El gobernador, por ejemplo, tendría que pagar una fianza de un millón 957 mil 326.99 pesos; Carlos Márquez, dedicado siempre a áreas periodísticas y de información, recientemente, por la titularidad de la Coordinación General de Comunicación Social, tendría que pagar una fianza de un millón 585 mil 138 pesos.
Carlos Torres Piña, en la Secretaría de Gobierno, tendría que pagar el monto de 6 millones 136 mil 372 pesos; o Luis Navarro, titular de Finanzas, 9 millones 210 mil pesos; o para el caso del titular de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, 22 millones 301 mil pesos.
El más escandaloso de los casos, es el de Yarabí Ávila González, de la Secretaría de Educación en el Estado. Ella tendría que pagar una fianza de 130 millones de pesos 132 mil 208 pesos. Sí, leyó bien.
Los montos de las fianzas tienen que ver con la cantidad de recursos que se manejan a través de cada dependencia.
Bajo esta óptica, la primera pregunta obligada es: ¿Se aplicó la fianza a gobiernos anteriores? De ser así, ¿fueron montos equiparables?, ¿los pagaron?, y si los pagaron, ¿de dónde sacaron para pagar las millonarias cifras que establecen esas fianzas?
Ahora, ¿quién tiene 130 millones de pesos para pagar una fianza para ejercer un cargo público? ¿Hay que traer a un empresario que no necesita trabajar y no necesita estar en el servicio público para ocupar uno de esos cargos, para que pueda pagar esas fianzas?
O si es alguien que siempre se ha dedicado a la función pública, si tuviera para pagar una fianza de las aquí referidas, ¿qué confianza habría sobre ellos a partir de que uno, naturalmente, preguntaría de dónde salió para pagar una fianza así?
Quizá los funcionarios sí deban dejar una fianza, por aquello de que en algún momento ocasionen algún daño al erario, que creo que esa no es la solución, salida o candado para evitar algún posible acto de corrupción. Sin embargo, la desproporcionalidad de los montos planteados por el auditor, según la opinión de este columnista, lleva a preguntar: ¿Es correcto y acorde lo que se plantea?
Entre si son peras y manzanas, porque está en manos de la Comisión Inspectora de la ASM y el Congreso definir al respecto, este documento, que fue circulado y corroborado o confirmado por enlaces del Legislativo, reflejan en una lectura política más que jurídica (porque en esto último podría haber alguna dosis de sustento por lo que se plantea), que los jaloneos entre el oficialismo y la ASM están entrando en una fase de suma complejidad; esto en una especie de escena del auditor ponerse a las patadas con el oficialismo para defender la posición que le fue otorgada por el exgobernador, opinión casi generalizada.
Quizá el auditor local pretenda “elevar la apuesta” y mediante estas medidas presionar a quienes le presionan, para que no busquen removerle de su espacio.
