Rosmi Bonilla
Hemos malinterpretado el poder: “poder” significa “ser capaz”.
Por más que intento, estimado lector, proyectar en qué momento de la “cuarta ola” de la pandemia es en el que nos encontramos. La creciente cifra de contagios (que no de muertes y hospitalizaciones) no me permite saber a cuántos días estamos de que la ola reviente.
Sin embargo, este texto no busca predecir lo que viene, sino analizar lo que se dice en torno a lo que está aconteciendo: un discurso oficial que pretende descafeinar la preocupación de las personas por su salud y la reacción de un grupo fáctico que aprovecha la situación para retar, una vez más, a la autoridad y mostrar que es más fuerte que el Estado.
Vamos por partes.
Hace una semana, antes de hacer público su contagio, el Presidente de México empleó un diminutivo para referirse a la variante Ómicron del COVID: lo llamó “covidcito” en un afán de minimizar el creciente número de contagios cuyas cifras, por cierto, se habían dejado de publicitar hasta que la presión internacional solicitó a México aportar cifras que permitieran monitorear el comportamiento de la variante en el país.
En lo local —como ya es costumbre— se replicó el discurso presidencial. Aquí se le llamó “virus diluido”. En ambos casos y a pesar de las cifras en aumento y de saber —como lo sabemos ya todos— que la variante es más virulenta (contagiosa) que las anteriores, aunque aparentemente menos agresiva (digo “aparentemente” porque hasta ahora la OMS ha señalado que no debemos confiarnos de esta condición). La federación y el estado se empecinaron en volver a clases presenciales como la muestra más fehaciente de que un nuevo confinamiento está muy lejos de ocurrir.
A diferencia de la autoridad, muchas escuelas públicas y privadas se anticiparon: evitaron el regreso presencial y programaron actividades en línea. No sé si es la medida ideal, pero fue la mejor que encontraron ante la ausencia de acciones lógicas propuestas desde el gobierno para frenar el inminente número de contagios por el periodo vacacional y las fiestas de diciembre.
Aún así, este fin de semana las autoridades estatales reiteraron que el regreso a clases en modalidad presencial es obligatorio; pero se olvidó, nuevamente, de que hay escuelas públicas que no cuentan con la infraestructura mínima para ofrecer medidas sanitarias básicas como el lavado de manos (no hablemos de toma de temperatura, desinfección de áreas comunes y hasta cubrebocas para quienes por descuido o por necesidad, no cuentan con uno al momento de hacer uso de las instalaciones).
Esto se comunica a dos semanas de que iniciaron las clases y es un llamado más para que se acate la disposición oficial, aparentemente, sin resultados hasta ahora. Y luego, también este fin de semana, se añade un actor externo, generalmente contaminante: la CNTE, que en un franco reto a la autoridad, acoge a los maestros que no están dispuestos a correr el riesgo de contagiarse y pretenden desobedecer, una vez más, a la autoridad.
¿Quién tiene la razón, estimado lector? No nos dejemos llevar por el canto de las sirenas. Si bien la autoridad ha cometido repetidamente errores en comunicar adecuadamente sus estrategias y acciones contra la pandemia y sus efectos sociales secundarios (se han comunicado tan mal que ni siquiera sabemos si las tiene), también es cierto que el respaldo de la CNTE a quienes no regresen a las aulas no es un gesto de solidaridad desinteresado, no. Se trata de un reto —otro más— a la autoridad, una medición de fuerzas, una demostración de quién puede más.
El quid es que en medio sigue estando la salud de todos: papás, alumnos, maestros, personal médico con dos años de batalla diaria y sigue habiendo hospitales sin medicamentos y escuelas sin infraestructura básica.
