Metapolítica
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por posibles actos de corrupción cometidos durante el periodo 2015-2021 de su gobierno.
Según información que publica Sin Embargo, la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) integró la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-MCH/0000601/2021, y en diciembre de 2021 solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) proporcionara información en torno a los procedimientos administrativos abiertos en contra del exmandatario del PRD relacionados con el ejercicio de sus funciones.
La petición de “alta prioridad” que hizo la FGR tiene como finalidad de obtener elementos necesarios “para establecer y agotar las líneas de investigación que se contemplan en la carpeta, en la que se indaga la posible comisión de delitos cometidos por servidores públicos que se contemplan en el catálogo del Título Décimo del Código Penal Federal”, refiere el diario.
El agente del Ministerio Público Federal encargado de la indagatoria pidió además a la Secretaría de la Función Pública datos sobre la trayectoria y carrera pública de Aureoles Conejo, desde cuántos cargos públicos ha desempeñado y el periodo.
Sin embargo, se desconoce cuáles son los delitos y hechos precisos por los cuales la FGR investiga a Silvano Aureoles.
En noviembre de 2021, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, denunció públicamente la detección de un presunto fraude por 5 mil 186 millones de pesos en la construcción, arrendamiento y la compra de cuarteles regionales de la policía estatal, por parte del gobierno del perredista Silvano Aureoles.
Entonces, dijo Ramírez Bedolla, la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) ya investigaba el supuesto desfalco de Aureoles habría cometido junto con la constructora que edificó con sobrecostos los cuarteles regionales en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo.
Además, en noviembre de 2021, el columnista de El Universal, Salvador García Soto, informó sobre que Silvano Aureoles contrató a una empresa tecnológica e informática propiedad de Víctor Manuel Álvarez Puga (prófugo de la justicia) a la que le pagaron alrededor de 132 millones de dólares en cinco años (2017-2021) para instalar y operar un sistema de espionaje.
Al día siguiente, el gobernador Alfredo Ramírez confirmó el hecho y dijo que el gobierno de Aureoles Conejo pagó 19.5 millones de dólares por dicha red de espionaje.
Con información de Sin Embargo
