David Alejandro Delgado Arroyo
Uno de los lugares comunes de crítica constante a las autoridades electorales en México es su costo. En principio, el discurso sobre el costo puede estar contaminado por un interés de debilitar a la autoridad electoral para sacar ventajas en la contienda por el poder; dicho interés es muy natural en la lógica de poder, pero es absolutamente ilegítima en una democracia.
Pero además hay que entender que el costo electoral tiene diversas dimensiones; una de ellas es la poblacional. Es completamente lógico que al ser México el lugar 11 entre los países más poblados del planeta, pues su costo electoral en términos nominales sea alto, es completamente lógico.
Por otra parte, está la dimensión territorial, orográfica y de dispersión de los asentamientos humanos. No es lo mismo un país sin grandes complicaciones de este tipo, como México con sus dos sierras madre y otras conformaciones montañosas e hidrográficas, que un país que las tienen en un menor nivel, por lo que la logística electoral se encarece por este tipo de complicaciones.
Pero además esta la dimensión cultural. No es lo mismo un país con alto nivel de confianza en sus instituciones, entendiendo estas no solamente como el aparato del Estado, sino también las responsabilidades públicas de la ciudadanía; que un país que no lo tiene, y desafortunadamente México tiene un alto grado de desconfianza en sus instituciones. Ello genera complicaciones en múltiples rubros como la ubicación de casillas y la integración de las mismas, que eleva los costos.
Por si faltara poco, también hay que agregar la dimensión de las atribuciones de las autoridades electorales, que no es la misma en todo el mundo, por ello hay que entender también que a lo largo de un poco más de tres décadas se han construido una serie de eslabones para generar una cancha pareja entre quienes buscan ganar elecciones, por lo que citaré algunos de ellos:
Luego de las elecciones de 1988, la reforma de la institucionalización electoral con la creación del IFE, en 1990, llevó consigo la necesidad de la profesionalización de la función electoral, es decir, evitar la colaboración de otras autoridades públicas en la organización de las elecciones, debido a que dicha colaboración generaba sospechas de parcialidad.
De manera que se creó el Servicio Profesional Electoral con una estructura desconcentrada en 333 oficinas del país, una a nivel central, una en cada entidad federativa y una en cada uno de los 300 distritos electorales federales; la esencia de este eslabón es que los servidores electorales no tuvieran ningún tipo de incentivo en función a quién ganara las elecciones, de manera que colores van, colores vienen en el ejercicio público, los profesionales del INE cumplen como reloj suizo sus atribuciones.
Lo anterior, sin lugar a dudas, cuesta, ya que implica mantener una estructura permanente, que además esta sujeta a capacitación permanente y a evaluaciones del desempeño, pero también a niveles de estrés no usuales en el resto del servicio público, ya que hay tareas que demandan mucho más allá del horario ordinario de un servidor público y sin el pago de horas extras como sucede en otras dependencias del gobierno, por eso el constituyente permanente estableció un régimen especial, establecido en el artículo 41 Constitucional.
Ello implica un sistema de remuneraciones por trabajo calificado que se alinea al contenido del 127 Constitucional, en el sentido de que puede superar hasta en un 50% la remuneración del Presidente de la República, sólo en los puestos más altos de la jerarquía. Pero también una serie de prestaciones que no eran muy diferentes a las que contaba una parte de la administración pública federal, pero que en términos de los principios constitucionales no pueden disminuirse, porque las leyes no deben ser retroactivas en perjuicio de la persona usuaria del derecho. Además, otras prestaciones, como el llamado bono electoral es el sustituto de la ausencia del pago de horas extras que sí existe en otras instituciones públicas, como lo es en las empresas públicas Pemex y CFE.
Aquellas elecciones de 1988 también generaron que con la creación en 1990 del entonces IFE se fortaleciera la emisión de la identificación electoral, que hoy en día es la única identificación que se proporciona a toda la ciudadanía sin costo alguno para el usuario, pero que tiene un costo de recursos fiscales para mantener los módulos de atención ciudadana y todo lo que ello implican, desde el flujo de la información, la distribución de las credenciales, la geografía electoral y los procesos de depuración que también van desde la pérdida de vigencia hasta los fallecidos y quienes pierden sus derechos políticos.
Luego de las elecciones de 1994, con múltiples críticas sobre la equidad en la competencia, se llevó a cabo una reforma electoral para dotar al INE de atribuciones para administrar las prerrogativas de los partidos políticos, entre ellas, un importante financiamiento público; pero además, luego de un famoso pase de charola en 1993, comenzó la atribución de la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y sus campañas con la obligación de los partidos políticos de presentar sus informes anuales y de campaña, además de la creación de la primera Comisión de Fiscalización del INE, que se ha ido fortaleciendo con cada reforma subsecuente. Todo ello también tiene un costo.
Luego de las elecciones de 2000, sin controversia alguna, sí tuvo una pequeña reforma por la vía de las demandas de ampliación de derechos que implicó introducir el derecho del voto a los mexicanos residentes en el extranjero en 2005, lo cual también tiene su costo, que por cierto fue plenamente previsto por el Legislativo en aquel entonces, al establecer la posibilidad de ampliación presupuestal al entonces IFE para operar dicha reforma, por lo que se desacredita lo que se ha dicho de falta de precedentes.
Luego de las elecciones de 2006, con múltiples señalamientos sobre la utilización de los medios de comunicación y la actuación de los servidores públicos y otros actores políticos, por lo que, valorando la fortaleza del servicio civil de carrera del entonces IFE, se le dotaron de nuevas atribuciones en materia de lo contencioso electoral para tramitar y resolver procedimientos especiales sancionadores —en la siguiente reforma se le retiraría la atribución de la resolución de los especiales—, pero quizá la más emblemática de todas fue la administración de los tiempos del estado en radio y televisión en materia electoral.
Lo anterior implicó que el INE tenía que distribuir pautas y ordenes de transmisión entre las estaciones de radio y televisión a lo largo de todo el país, además de verificar su cumplimiento. Por cierto, los Tiempos del Estado en radio y televisión jamás se habían verificado hasta que el INE tuvo la atribución de hacerlo. De hecho, hoy en día le proporciona dicha verificación a la SecretarÍa de Gobernación, sin que ello signifique un costo para el Gobierno de la República. Pero todo ello también cuesta.
Pero los señalamientos sobre las condiciones de la competencia continuaron luego de las elecciones de 2012, ahora focalizadas en la actuación de los gobernadores y su influencia en las autoridades electorales locales, por ello se transformó el IFE en INE y se le dotaron de atribuciones en elecciones locales en materia de geografía electoral, en materia de ubicación de casillas, su integración y la capacitación de quienes las integran, además de otras muy diversas que generan un sistema nacional electoral que homogeneiza procedimientos. Además, se centralizó en el INE la función de fiscalización tanto de campañas federales como locales, con el propósito de evitar la doble contabilidad y doble fiscalización que generaba oportunidades a los contendientes de omisiones.
Por si faltara poco, luego de las elecciones de 2018, sin controversia alguna, se le agregaron al INE atribuciones para llevar a cabo consultas populares cada año y la posibilidad de la revocación de mandato. Lo cual también tiene su costo.
En suma, el costo electoral en México es producto de las demandas de los actores políticos que han generado una institución altamente profesional, con un despliegue territorial muy amplio y con el ejercicio de atribuciones que no es usual en otras autoridades electorales del mundo.
