Héctor Tapia / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- La controversia que el gobierno de Silvano Aureoles Conejo presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir que la federación atrajera la totalidad de los compromisos educativos con el magisterio michoacano, fue más un asunto político que legal, dijo el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
En conferencia de prensa, el mandatario michoacano dijo que Aureoles Conejo buscaba aumentar el golpeteo político con el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Además, aseguró que pese a ello, las pláticas con el Gobierno de la República están avanzadas para reconfigurar el convenio de federalización de la nómina educativa.
En este sentido, refirió que el gobierno de Silvano Aureoles interpuso ante la SCJN una controversia “de risa”, porque planteaba que el Gobierno de Michoacán “quería regresar la obligación educativa al gobierno federal”, lo que calificó como risible, porque la Constitución, dijo, establece que los estados no pueden renunciar a esta obligación.
Por ello, comentó, es que el procedimiento iniciado por el gobierno silvanista fue más político que jurídico, como parte de la línea que tenía Aureoles Conejo de “confrontarse con todo” con el presidente López Obrador.
Ante la falta de sustento en la controversia, dijo Ramírez Bedolla, es que la SCJN emitió la sentencia con la que remarcó que lo planteado por el exgobernador no era posible.
El máximo tribunal de justicia del país “le dio palo” a esa controversia, lo que se respalda en su determinación, dijo el gobernador.
“La federalización es un tema totalmente distinto, diferente, es un tema de convenios, fondos, no deshacerse de la responsabilidad educativa”, remarcó ante los medios de comunicación.
Dijo que el actual gobierno estatal asume “la responsabilidad plena, en apego a la Constitución”, de cumplir con la obligación de atender el tema educativo.
Eso sí, detalló, lo que se está haciendo desde el gobierno estatal es llegar a un acuerdo con el gobierno federal en lo que respecta a las aportaciones y participaciones sobre la nómina educativa.
“El tema es el porcentaje” que cada nivel de gobierno tiene que aportar, dijo, y detalló que actualmente el gobierno del estado aporta 66% del recurso que se destina para el pago de la nómina.
“Eso no nos alcanza, no tenemos forma”, dijo, por lo que se trabaja con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para establecer un porcentaje con base en la realidad.
Ante esto, consideró que se podría hacer es invertir el porcentaje que aporta cada nivel de gobierno para el pago de la nómina educativa.
Con todo esto, dijo Alfredo Ramírez, se tiene garantizado el pago al magisterio michoacano en su totalidad.
“Está garantizado el pago al magisterio para este año”, y para 2023, en el Presupuesto de Egresos Federal, el esquema del convenio con la federación será el destinar los recursos vía Fone (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo), a través de un fondo especial para Michoacán (Fonemich), y no a través del renglón del U080, por el cual se destinan los recursos para el pago de la nómina educativa estatal.
