Héctor Tapia / Metapolítica
La elección inmediata pasada, cuando menos lo que se vivió en Michoacán, servirá como punto de partida para reformar el marco normativo para blindar las elecciones a nivel nacional, consideró el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Salvador Alejandro Pérez Contreras.
La sentencia de dicha elección, que en el caso de Michoacán fue escenario también para renovar la gubernatura del estado y que llegó en su fase de judicialización hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, será paradigmática porque surgieron aspectos novedosos, aspectos que la misma ley electoral no contemplaba específicamente, explicó.
Es decir, a su consideración, a partir de los elementos se fueron generando resoluciones y sentencias que a su vez fueron superando la misma jurisprudencia, por lo que esto trajo consigo la necesidad de que se tenga que reformar el marco normativo electoral nacional.
Esto, dijo Pérez Contreras, en la antesala de lo que tendrá que ser una próxima reforma político electoral, que se librará primero a nivel nacional, y luego en lo local, frente al proceso comicial que se vivirá en 2024.
En entrevista, en el contexto del 30 aniversario de la fundación del Tribunal Electoral, refirió en un primer momento que la estabilidad política en el país se ha venido consolidando a partir de la incidencia del organismo jurisdiccional en las decisiones sobre las elecciones que se han vivido.
Actualmente, dijo, se tiene una cadena impugnativa que permite a los actores políticos agotar hasta la última instancia y llegar a una determinación en la que asumen estar conformes, aunque no estén de acuerdo necesariamente con las resoluciones.
Asimismo, dijo que el Tribunal Electoral ha generado condiciones de paz social y estabilidad a partir de sus sentencias.
Como punto culmen, dijo, se vio en la última elección, la cual fue “muy controvertida”, y que llegó a la misma Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, última instancia, y que confirmó finalmente la sentencia que validó la elección que se vivió en Michoacán.
“La sentencia es paradigmática, porque salieron temas novedosos de manera distinta a lo que la ley establecía, y que en los criterios de vanguardia se generaron a través de las resoluciones superando la jurisprudencia, que es el trabajo legislativo, a partir de las sentencias, adecuar el marco normativo”, ante una próxima reforma electoral, explicó.
Insistió en que esta experiencia del proceso electoral de 2021 “nos arroja el modificar el marco normativo para que las elecciones sean blindadas frente a escenarios como se vivieron”.
Entre los aspectos que también tendrán que adecuarse con una próxima reforma, adelantó, están los relativos a los Juicios de Inconformidad, que están ligados al sistema de nulidad, así como los procedimientos especiales sancionadores, los cuales tienen que estar resueltos en breve tiempo.
Sobre esto contrastó y dijo que en enero siguen resolviéndose procedimientos de la elección a gobernador o de alcaldías y diputaciones locales, pese a que ya pasó medio año de la jornada electoral, “y no podemos estar resolviendo asuntos que ya quedaron en el pasado”.
“Estar sancionando ahorita a personas por actos de precampaña, estamos desfasados, no se tendría que estar haciendo eso”, explicó, y remarcó que “el tema de justicia electoral debe estar acorde a la nueva realidad que vivimos”.
También, apuntó, “la justicia electoral digital se necesita, necesitamos contar con una nueva plataforma digital en el tribunal, estamos rebasados, necesitamos tener nuevas herramientas, tecnología”, para ir desahogando los temas que ahí se abordan.
Salvador Alejandro Pérez Contreras dijo que un aspecto que no puede quedar de lado es que se necesita que haya el servicio profesional de carrera en el Tribunal Electoral, que quede fuera de la renovación que se da de manera permanente en las magistraturas: “El personal tiene que entrar en una curva de aprendizaje, necesitamos personal que esté calificado y que esté permanente en el Tribunal, al menos una base mínima”.
