Metapolítica
Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) suscribió un acuerdo de cooperación técnica con el Tribunal Supremo Electoral de la República de Guatemala con el objetivo de establecer las bases para el intercambio interinstitucional en temas relacionados con el fortalecimiento del sistema electoral y la evolución democrática, administración de elecciones y el robustecimiento del órgano electoral.
Con este acuerdo ambas instituciones pretenden generar espacios para el intercambio de información y experiencias sobre las bases del respeto mutuo y la reciprocidad en áreas como: actualización del registro de ciudadanos; control y fiscalización de los recursos de los partidos políticos y candidatos; voto de nacionales en el extranjero y estrategias de fortalecimiento institucional.
Al suscribir el acuerdo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que la colaboración internacional en materia electoral es una herramienta muy útil para el desarrollo y fortalecimiento de todas las democracias.
Ha sido virtuoso, agregó, que la cooperación técnica internacional haya acompañado a la región de América Latina a lo largo de tres décadas para contribuir a materializar el anhelo democratizador de nuestras naciones.
Sin embargo, explicó, los desafíos democráticos de finales del siglo XX y los que enfrentan las naciones en la segunda y tercera década del siglo XXI, no son los mismos.
“Los desafíos de la ola democratizadora tenían por objeto instaurar sistemas democráticos y que nuestras autoridades y gobernantes surgieran de las urnas y nada más de ellas. Ahora, después de más de tres décadas de vivir en democracia los retos son distintos, las crisis de los partidos políticos y de los parlamentos, instituciones básicas sin las cuales es impensable asumir una democracia, y los insuficientes resultados generados por los gobiernos elegidos democráticamente, las promesas incumplidas de la democracia, cuestionan a la democracia e incluso a sus instituciones”, subrayó.
Córdova añadió que actualmente la posverdad que se expande en la era digital y el uso de las redes sociales para difundir falsedades o desinformar se acompaña por la polarización e intolerancia que caracteriza la conversación pública.
“Esto claramente empaña la convivencia democrática y a todos estos nuevos retos debemos sumar que la pandemia de COVID-19 ha venido a agravar la percepción de promesas incumplidas de nuestros regímenes democráticos”, añadió.
Ante este panorama, el consejero presidente enfatizó que la democracia debe fortalecerse y defenderse desde las instituciones creadas para su recreación y en la conversación pública para evitar que la posverdad distorsione los hechos y las verdades jurídicas.
“Las autoridades electorales tenemos la responsabilidad de seguir perfeccionando nuestros procedimientos para ser cada vez más eficientes, así como la obligación de comunicar, tanto como sea necesario nuestras decisiones, nuestras actuaciones, para poder hacer pedagogía pública respecto de la vida democrática; no sólo durante los procesos electorales, sino en todo momento para evitar que los avances democráticos sean distorsionados, contribuyendo con ese propósito al desarrollo de una ciudadanía cada vez más informada y, por lo tanto, cada vez más comprometida con la defensa y recreación de la democracia”, destacó.
