Jacques Coste
“Acudo en representación del Estado mexicano a reivindicar y dignificar a Antonio González Méndez y vengo a asumir la responsabilidad del Estado mexicano en la violación de sus derechos, en particular de su derecho a la vida, a su integridad, a su libertad personal, a sus garantías legales y a la protección, así como a la obligación del Estado para garantizar acceso a la justicia. Vengo a ofrecer una disculpa porque el Estado mexicano no pudo, no quiso proteger la vida y la integridad de Antonio González”.
Estas fueron las palabras de Alejandro Encinas en una de tantas ceremonias de disculpas públicas que ha encabezado. En esta ocasión, el 19 de enero de 2022, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación le pidió disculpas a la familia de Antonio González Méndez, quien fue desaparecido en Chiapas hace 23 años.
Algo similar ocurrió en enero de 2019. Recién iniciado el sexenio, la Secretaría de Gobernación, todavía encabezada por Olga Sánchez Cordero, organizó un acto público para ofrecer disculpas a la periodista Lydia Cacho por la tortura a la que fue sometida en 2005, cuando fue víctima de una detención extrajudicial ordenada por el infame gobernador de Puebla, Mario Marín, como represalia por la investigación periodística que develó toda una red de pederastia y pornografía infantil.
En ese acto público, Sánchez Cordero aseveró que el gobierno federal protegería “a quienes con su pluma o con su voz, denuncien cuando la dignidad humana corra peligro o cuándo el silencio sea cómplice de la injusticia”.
Por su parte, Alejandro Encinas declaró: “Asumimos la responsabilidad del Estado sobre hechos ocurridos hace poco más de 13 años. El país ha cambiado. El gobierno de México dejará atrás la simulación y enfrentará de manera firme la crisis humanitaria y de los derechos humanos que encara el país, para alcanzar la paz y la tranquilidad entre los mexicanos, garantizando a todas y cada una de las personas que viven o transitan por nuestro país, a los periodistas y defensores de derechos humanos de este país, el ejercicio libre de sus derechos”.
Es indignante leer las palabras de Encinas y Sánchez Cordero a tres años de la disculpa pública a Cacho, pues apenas unos meses después de esa ceremonia, en julio de 2019, Lydia fue víctima de robo: delincuentes irrumpieron en su casa para sustraer material de investigación periodística, asesinaron a sus mascotas y pintaron frases amenazantes en su propio hogar.
Ante la incapacidad de las autoridades para investigar el caso, sancionar a los responsables y proteger su vida, Cacho se vio obligada a huir del país. Desde entonces, no ha regresado. Parafraseando al propio Encinas (en una de sus “sentidas disculpas”), el Estado mexicano no pudo, no quiso proteger la vida y la integridad de Lydia Cacho.
En esa misma ceremonia, Sánchez Cordero y Encinas prometieron proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos, así como defender la libertad de expresión y asegurar las condiciones para su pleno ejercicio. No sólo fracasaron rotundamente, sino que la situación para estas personas ha empeorado significativamente en lo que va de este sexenio.
Tan sólo en los primeros días de 2022, dos periodistas (Margarito Martínez y José Luis Gamboa) han sido asesinados. Durante el gobierno de López Obrador, 53 periodistas y 94 defensores de derechos humanos han sido víctimas de homicidio. Las autoridades suelen investigar estos crímenes como si fuesen actos aislados y no relacionados con la actividad profesional de las víctimas; es decir, como si las agresiones contra periodistas y defensores no fueran un problema estructural de México y como si no hubiera patrones sistemáticos en estos hechos.
Si bien los asesinatos a periodistas y activistas no son algo nuevo en México, la cantidad es alarmante y el contexto político en el que ocurren es igualmente preocupante: con un presidente de la República que ocupa gran parte de sus conferencias mañaneras en desacreditar y calumniar a los periodistas críticos, con un partido oficialista que lanza constantes ataques retóricos contra la prensa, con gobernadores que cooptan y amenazan periodistas impunemente y con organizaciones criminales que operan a sus anchas.
Mucho me temo que lo mismo que aconteció con Lydia Cacho también ocurrirá con la disculpa a Antonio González Méndez: todo quedará en actos simbólicos y frases huecas. En México, casi 100 mil personas están en calidad de desaparecidas o no localizadas, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda. Lastimosamente, ese número seguirá aumentando en lo que resta del sexenio.
Abro un breve paréntesis: uno de los pocos avances en materia de derechos humanos que se han logrado en este gobierno es la mayor transparencia de la Comisión Nacional de Búsqueda, a cargo de Karla Quintana, quien ha desempeñado un destacado papel en la aceptación y la evaluación de la verdadera —y escalofriante— dimensión de la crisis de los desaparecidos en México, así como en la exploración de fosas clandestinas.
Ahora bien, lo importante aquí es subrayar que las disculpas públicas y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en los casos de violaciones a derechos humanos son aspectos necesarios para la reparación integral de los daños a las víctimas. En ese sentido, uno podría pensar que es loable que las autoridades federales hayan encabezado decenas de ceremonias de este tipo en lo que va del sexenio.
No obstante, si las disculpas no se acompañan de acciones concretas para evitar que las violaciones a derechos humanos y los crímenes vuelvan a perpetrarse, entonces todo se queda en palabrería hueca, en discurso vacío y, peor aún, en instrumentalización política del dolor de las víctimas. Eso es lo que está ocurriendo hoy en México.
Olga Sánchez Cordero ya salió de Gobernación. Hay poco que decir de su gestión: no fue un florero, como algunos dicen; más bien, fue una caja de resonancia de las mentiras presidenciales respecto a las supuestas mejoras en materia de derechos humanos. Por su parte, Alejandro Encinas debería renunciar si su compromiso con los derechos humanos fuera genuino. Sus acciones simbólicas sirven para legitimar al régimen y poco más que eso. En la práctica, México sigue sumido en una profunda crisis de derechos humanos, aunque ahora con una CNDH servil e inoperante, y con un presidente que sostiene con total convicción que ya no hay masacres, hay plena libertad de expresión y la violencia está menguando.
Basta de disculpas. Necesitamos acciones.
