Por Héctor Tapia
El presidente Andrés Manuel López Obrador incurrió en lo que puede ser el peor error en lo que va de su administración y le dio a su todavía incipiente oposición un pretexto para reagruparse.
La exhibición ilegal de datos privados sobre los presuntos ingresos anuales de Carlos Loret de Mola podría cobrarle una alta factura, y no porque haya un respaldo hacia el periodista de LatinUS, sino porque refleja lo que se ha denunciado de forma reiterada: el uso sistemático de los mecanismos oficiales del Poder para denostar, exhibir y amagar a los críticos.
Hay que comenzar diciendo que Loret de Mola en su ejercicio como periodista tiene antecedentes que, de forma previa, desde hace tiempo, le han dejado cuestionado y desacreditado, casi de manera permanente, así como a las empresas informativas con las cuales ha trabajado, y en esto abonó el hecho de haber sido partícipe de conocidos montajes mediáticos para influir en la opinión pública.
Con este antecedente es lógico que una gran parte de la población vea con reservas y desconfianza las posturas editoriales tanto del referido periodista como de los medios donde colabora, LatinUS, uno de ellos; medio que, por cierto, está también bajo la lupa a partir de que sus propietarios y mecenas han hecho negocios jugosos y cuestionables con varios gobiernos, como el michoacano, cuando Silvano Aureoles estaba al frente de la administración estatal.
Sin embargo, una vez apuntado todo esto, es importante remarcar que no se trata de Carlos Loret de Mola; hay que ir más allá en la lectura. El problema de fondo es la forma en que se utilizan las instituciones para desacreditar y señalar a quienes cuestionan.
Sobre el particular de Loret de Mola, si hay hechos que hagan pensar que se actúa de manera ilegal, están las instituciones para resolverlo, investigarlo, y en su caso, sancionarlo; pero será este proceso, con apego a derecho, el que tendrá que definirlo, no un cúmulo de posiciones morales movidas por emociones, aversiones y creencias, y no por la legalidad, que es lo que debe imperar.
En esta ruta de confrontación, el presidente no sólo violentó el derecho a la protección de los datos personales, sino que amenazó el derecho a la información y a la libertad de expresión; es decir, violentó de tajo, de un solo golpe, varios derechos; sí, de una persona en primer momento (por muy cuestionada que esta persona esté, se deben seguir procedimientos apegados a la ley), pero también de una sociedad que merece estar informada y con el derecho a salvo de elegir con quién informarse.
A manera de colofón: el presidente, y cualquier servidor público, deben garantizar la protección de los derechos, de todos, en lugar de violentarlos. Si alguien incurrió en una ilegalidad, tendrán que ser las mismas instituciones creadas para investigar y sancionar las que definan.
Negritas
Para que la Consulta de Revocación de Mandato, a realizarse el próximo 10 de abril, sea vinculatoria, tiene que participar el 40% del listado nominal nacional; es decir, para que dicha consulta tenga efectos en sus resultados, deben participar cuando menos 37 millones 251 mil 619 personas.
En el proceso electoral del 2018, con el que ganó López Obrador, la coalición que le impulsó obtuvo 30 millones 110 mil 327 votos; es decir, suponiendo que el ahora presidente sostenga el mismo respaldo que en esa coyuntura electoral, visto a este momento, está a más de 7 millones de voluntades que le respalden en las mesas receptoras de la consulta.
Por ello, en esta coyuntura, el error de azuzar a su oposición, pero también a diversos actores que habían estado inmóviles, a que se agrupe en torno a casos como el de Loret de Mola, podrían entenderse como la medida para “incentivar” que salgan a participar en la consulta de revocación de mandato y legitimar un mecanismo que de origen está cuestionado, y que se duda a estas alturas del partido que pueda conseguir el mínimo de participantes requeridos.
Puntos suspensivos…
El Congreso del Estado de Michoacán amaneció sin secretario de Finanzas y con una fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fraccionada, dividida. Hoy se reúnen con su dirigencia estatal. ¿Lograrán superar la división? ¿A qué costo?
