Héctor Tapia / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- El Gobierno de Michoacán ya no tendrá que pagar mil 740 millones de pesos que se habían heredado de deuda por la administración de Silvano Aureoles y que habían sido programados para la contratación irregular de servicios en el cuestionado centro de seguridad C5.
Esta anulación de dicha deuda sobre esos servicios que habían sido contratados, se dio a partir de que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa, sobreseyeron los procedimientos que había iniciado el exmandatario michoacano contra la Secretaría de Hacienda federal.
Esto lo explicó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y dijo que fue a través de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, el 18 de diciembre de 2019, que se firmó el contrato con la empresa SP Michoacán Seguro S.A de C.V, la cual, de forma irregular, se había creado siete días antes de que recibiera dicho contrato.
Los servicios que habían sido contratados por el gobierno michoacano a la referida empresa eran para el equipamiento del C5, los servicios de conectividad, monitoreo y radiocomunicación, para este centro de seguridad con todo el estado.
Sin embargo, pese a que se firmó ese contrato, a la fecha no existe ni conectividad, ni monitoreo ni tampoco radiocomunicación en dicho centro. “Nos entregaron un elefante blanco”, aseveró.
Como antecedente a dicho contrato, fue a través del decreto 653 que el Congreso del Estado, la LXXIII Legislatura, el 14 de septiembre de 2018, un día antes de que concluyera su periodo, autorizó al gobierno de Michoacán, encabezado por Aureoles Conejo, la cantidad de mil 740 millones de pesos para destinarse a empresa SP Michoacán Seguro S.A de C.V.
Esta deuda se iba a pagar con el 100% de lo que se recaudara por el cobro de hologramas vehiculares y además del 30% del impuesto sobre nómina, esto por un periodo de 12 años; es decir, los mil 740 millones de pesos incrementarían sustancialmente durante ese periodo sólo por el pago de intereses.
Ramírez Bedolla explicó que la construcción del C5 se hizo sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), “y se realizaron pagos a la empresa sin previo registro” de la Asociación Público Privada ante la misma Secretaría de Hacienda.
Producto de estos jaloneos que vinieron entre el gobierno del estado y la federación, es que el gobierno de Silvano Aureoles procedió ante la SCJN contra la Secretaría de Hacienda, con una controversia constitucional y un juicio de nulidad ante al Sala Regional del Tribunal federal de Justicia Administrativa; sin embargo, ambos procedimientos fueron sobreseídos y se echaron abajo los dos juicios; es decir, se puso fin a los procedimientos.
Además de que se dejará de pagar esa deuda que se había acumulado con el gobierno anterior, “se está implementando denuncias” sobre este caso, explicó el mandatario michoacano.
“Esta empresa fue constituida como empresa siete días antes de que se firmara el contrato, y le asignaron de inmediato esos recursos”, explicó.
Ahora, dijo Alfredo Ramírez, “debemos sí dejar funcionando al C5 de Michoacán para atener conectividad y saber qué está ocurriendo en las cámaras de seguridad y en las distintas regiones del estado”.
