Por: Mario Ensástiga Santiago
Al margen de las polémicas reacciones en torno a la aprobación o rechazo del congreso de la unión la iniciativa de reforma política electoral que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha propuesto, me quiero remitir exclusivamente a lo relativo a los impactos que eventualmente pudieran tener en los municipios del país, no sin antes hacer un comentario general: sin duda tenemos un sistema electoral y de partidos políticos que resulta en extremo oneroso para las finanzas públicas nacionales que no congruente y sensible con la situación social, económica y política del país.
La lucha por décadas contra la cultura política del fraude electoral, si bien es cierto que en buena medida ha disminuido notablemente, ha sido a un costo económico y político muy alto, contamos con un sistema y aparato electoral muy sofisticado y costoso, no tengo información al momento pero seguramente será uno de los más caros del mundo para elegir quienes sean los legisladores/as y gobernantes/as de los distintos poderes y ámbitos del poder público.
La iniciativa de reforma electoral señala que el Estado mexicano destina cada año más de 11,000 millones de pesos para las actividades ordinarias de los partidos políticos, como las plantillas laborales, bienes inmuebles y otras actividades del gasto corriente; es decir: la manutención de los aparatos burocráticos.
De ahí que la iniciativa propone eliminar esos excesivos gastos y limitarlos a las campañas político electorales, eso está bien pero creo que visto así de golpe y porrazo, puede generar otros problemas, como limitar la visión de los partidos políticos sólo y exclusivamente electorales y como promotores de vigilancia de los gobernantes, legisladores y el posicionamiento al estudio, capacitación y análisis de los grandes problemas de México.
En consecuencia me parece muy importante la iniciativa de una reforma político electoral, el asunto es hasta dónde y cómo existan nuevas condiciones y condicionantes para que los partidos políticos sean en verdad auténticos partidos políticos, y dejen de ser simplemente clubes electorales de amigos y familiares, manejados por lo general con una ambición desmedida por el dinero y el prestigio político más encausado.
La propuesta del ejecutivo federal tiene el objetivo de adecuar el sistema electoral mexicano a las transformaciones políticas que ha vivido México en los últimos años, específicamente busca ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad de los poderes públicos, insertar el principio de austeridad republicana en el sistema electoral y de partidos, así como facilitar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública, fortalecer los órganos administrativos y judiciales o direccionales en materia electoral, salvaguardando el equilibrio de poderes y su imparcialidad en las contiendas electorales, y homologar los procesos electorales locales con nuevos mecanismos representación.
Particularmente la propuesta de reforma electoral del gobierno de la 4t, propone para los municipios y las demarcaciones territoriales de la ciudad de México, el mismo criterio poblacional en la integración de los ayuntamientos y las alcaldías de la CDMX, al igual que la integración de los congresos locales y del congreso de la unión; para ello propone reformar el artículo 115 constitucional, la iniciativa establece como estructura base de los ayuntamientos una Presidencia Municipal, una Sindicatura y el número de regidurías conforme a la población de cada municipio bajo las siguientes reglas:
- Corresponderá una regiduría a los municipios cuya población sea menor a 60 mil habitantes; 2. Corresponderán hasta tres regidurías a los municipios cuya población sea superior a 60,000 y menor a 370,000 habitantes; 3. Corresponderán 5 regidurías a los municipios cuya población sea superior a 370,000 y menor a 690,000 habitantes; 4. Corresponderán hasta siete regidurías a los municipios cuya población sea superior a 690,000 y menor a 1,010,000 habitantes y 5. Corresponderán hasta nueve regidurías a los municipios cuya población sea superior a 1,010,000 habitantes.
Desde hace décadas, por lo menos 4, se ha planteado la necesidad de una reforma política integral y estratégica de los municipios, que los coloque en el sistema político mexicano, como el espacio más propicio y estratégico para el desarrollo de la nación desde lo local, a través de ampliar, democratizar y ciudadanizar la representación política en los ayuntamientos, para ello sería necesario hacer una serie de propuestas que en conjunto sean un serio y profundo esfuerzo global de rediseñar integralmente el modelo institucional del municipio mexicano, por no corresponder a las nuevas necesidades del pueblo de México.
Los municipios son el orden de gobierno con la crisis estructural más severa que las que tienen los estados y la federación, los municipios como se sabe son la instancia de gobierno con una fuerte carga de proximidad cotidiana que no tiene otros ordenes de gobierno, que requieren reformas de fondo en los temas políticos, normativos, organizacionales y operativos de las políticas públicas; la iniciativa de AMLO aborda de manera acotada la situación de representación política en los ayuntamientos, cuando sólo se refiere a criterios poblacionales, electorales y económicos.
Es evidente que una reforma electoral para eficientar los recursos públicos bajo la responsabilidad de los gobiernos municipales como la que se ha planteado, es insuficiente y contradictoria a lo que de fondo se necesita, que puede generar más problemas que beneficios a los municipios, en relación a la representación política de los territorios, de las poblaciones y problemáticas locales.
Una auténtica representación política más ciudadana que partidizada de las poblaciones municipales, tendría que ver con el cómo se refuerza a las llamadas autoridades municipales auxiliares, que viven en las circunscripciones y demarcaciones territoriales en las que están divididos los municipios; la propuesta de utilizar sólo criterios poblacionales y electorales para definir la integración de los congresos legislativos estatales y nacional, por una parte, y por otra, para elegir a los y las integrantes de los ayuntamientos, son funciones políticas públicas claramente diferenciadas, en el caso de las autoridades municipales en tanto gobernantes locales, están sometidos a dinámicas cotidianas y duros escenarios muy diferentes a los que enfrentan los legisladores y legisladoras.
Otra vieja propuesta política electoral, es la eliminación de las planillas municipales para elegir a las diferentes figuras de los ayuntamientos de manera directa, entiéndase las presidencias, las sindicaturas y las regidurías para elegirlas directamente por circunscripción o demarcación territorial interna de los municipios, para que los regidores y regidoras sean una especie de cuasidiputaciones municipales que representen políticamente a las poblaciones y problemáticas de esos territorios en los ayuntamientos y administraciones municipales.
Una reforma político electoral de fondo y de gran beneficio para los gobiernos municipales, debiera estar enfocada a hacer los arreglos institucionales necesarios para las nuevas, democráticas y y de autentica representación de la ciudadanía en los ayuntamientos, estableciendo una nueva y democrática representación política, a travez de establecer la división de poderes donde los y las presidentas municipales serían el poder ejecutivo, las sindicaturas el poder judicial y los y las regidoras serían el poder legislativo; en fin estas son algunas propuestas que el movimiento municipalista nacional ha planteado en años anteriores.
