“La corrupción de ventanilla se ha convertido en un espacio oscuro y discrecional que deja en indefensión al ciudadano”
—Esteban Ángeles
Por Rosmi Bonilla
En su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), el Inegi dedica un apartado a la incidencia y costos de la corrupción de ventanilla en el país y en cada uno de los estados.
Si bien es cierto que la corrupción de ventanilla o baja corrupción –como la denominan los estudiosos– no tiene un impacto significativo en el desvío o uso inadecuado de los recursos públicos, es importante como pieza clave para entender los porqués de la corrupción en la que, obligatoriamente o no, participa la ciudadanía y no la clase política o empresarial.
En los resultados de la encuesta realizada para analizar el 2021, a Michoacán no le fue bien.
En primer lugar, incrementó significativamente la prevalencia de la corrupción de ventanilla entre 2019 y 2021 en casi un 55% (es decir, en 2019, 10% de los michoacanos reportaron haber sido víctimas de algún acto de corrupción, y en 2021, la prevalencia alcanzó el 15%).
Por otro lado, el costo estimado que gasta cada ciudadano en pago de sobornos, principalmente en Michoacán, llegó a los 5 mil 100 pesos por michoacano, colocando al estado como el tercero a nivel nacional donde se gasta más en corrupción por persona.
En pocas palabras, aumentó la corrupción de ventanilla y aumentaron los costos de los sobornos.
¿A qué se debe lo primero? Bueno, la propia encuesta nos brinda una posible respuesta: largas filas, requisitos excesivos, ir de una ventanilla a otra sin resolver el trámite, horarios de atención restringidos y hasta costos elevados por trámites y servicios son los principales problemas que enfrentaron quienes señalaron, mediante la encuesta, tener dificultades a la hora de realizar trámites.
Nada de ello es una novedad. En 2020, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, mediante un taller de inteligencia colectiva y a través de los Foros Regionales para la Construcción de la Política Estatal Anticorrupción encontró que entre los principales riesgos de corrupción está la falta de claridad sobre los requisitos, los tiempos, los costos y hasta el lugar adecuado para realizar trámites. (Información disponible para consulta en: http://cpcmichoacan.org/wp-content/uploads/2019/12/Mesa-Licencias-Municipales.pdf)
Al menos, en aquel momento, el Ayuntamiento de Uruapan –donde se detectó el riesgo– no contaba con un catálogo de trámites y servicios, no tenía reglamentados los requisitos y los tiempos, y mucho menos tenía a la vista del público en general los costos de los mismos. ¿Cuántos ayuntamientos más estaban y siguen estando en esa condición?
Esta información elemental podría, en mucho, mermar la corrupción de ventanilla; mientras que el Gobierno Electrónico se implementa permitiendo, además de la claridad en requisitos, tiempos y costos, zanjar también las largas filas, los horarios restringidos y que el ciudadano vaya de una ventanilla a otra sin solucionar su trámite.
La reglamentación y el Gobierno Electrónico no son las únicas soluciones. El orden en la prestación de trámites y servicios, la claridad en la información y la adecuada difusión sin duda darían enormes resultados y no requieren grandes inversiones.
Con que los servidores públicos desde vigilancia y, evidentemente, en ventanilla, orienten al ciudadano; con publicar en cada ventanilla la información pertinente; con ampliar horarios a la tarde y los fines de semana; y con poner buzones efectivos de quejas y atenderlas, tendríamos los primeros resultados.
¿Qué se necesita para que las autoridades implementen estas mejoras? Lo dejo a su consideración, estimado lector.
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