Por Jorge Luis Hernández Altamirano
El próximo domingo, seis de las treinta y dos entidades federativas del país han convocado a la ciudadanía inscrita en su lista nominal a elecciones para determinar, entre otros cargos, a la persona que habrá de ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo del orden estatal por seis años (en algunos casos menos por la instrucción de empatar los procesos electorales locales con los federales).
A diferencia de los países que ha optado por regímenes centralistas, las federaciones reconocen la existencia de dos o más órdenes (niveles) de gobierno con autonomía, legitimidad propia y funciones específicas, sin que esto signifique insularidad o prohibición para compartir facultades.
Si bien es cierto que, a excepción de los breves periodos de la República centralista y el segundo Imperio mexicano, México ha conservado su construcción federal, lo cierto es que la concentración política ha desactivado muchos de sus efectos (positivos y negativos), especialmente en el siglo XX.
Cuando en los últimos lustros del siglo XX los partidos de oposición comenzaron a ganar gubernaturas, las fuerzas políticas intensificaron el proceso de descentralización que, de hecho, había comenzado desde mediados de los ochenta. Se pensaba que dotar a los estados de facultades tan cercanas como la salud y la educación permitirían mejorar los servicios, al eliminar intermediaciones y generar políticas mucho más familiarizadas con el entorno.
De esa manera, en el juego político, al mismo tiempo que la alternancia política, los gobernadores se convirtieron en personajes con mucha relevancia política, que podían operar de forma independiente a la de sus partidos políticos y negociar el apoyo a administraciones y legislaturas opositoras a cambio de presupuestos, participaciones y poder.
Entonces las elecciones estatales comenzaron a ganar mucha relevancia, los partidos políticos maquinaron alianzas para conseguir promover a sus postulados, no siempre militantes ni convencidos de sus principios ideológicos. La alternancia a nivel estatal se convirtió entonces en un indicador de “éxito democrático”: en 2016 los partidos distintos al PRI gobernaron por primera vez a más mexicanos (50.8%) y para 2022 sólo tres estados no han tenido alternancia (Hidalgo, Edomex y Coahuila).
Pero el enorme poder estaba parado sobre pies de barro, pues las entidades federativas fueron poco efectivas para incrementar la recaudación de recursos. De hecho, 8 de cada 10 pesos que gastan los gobiernos estales proviene de la Federación, producto del Pacto Fiscal (IMCO, 2020).
Esa dependencia explica que, a la llegada de nuevos aires políticos con un proyecto recentralizador, muchos de los gobiernos estatales hayan preferido la cooptación al conflicto. La necrosis de la Conago es muestra de ello.
Si en hace menos de una década se pensaba en los gobiernos estatales como espacios con un importante margen de acción política (incluso en contra de los partidos que les postulaban), en 2022 pareciera que el discurso polarizador sólo les ofrece dos caminos: pro o antigobierno federal.
Pero las entidades federativas tienen sus peculiaridades, actores políticos y vaivenes específicos. ¿Votará la ciudadanía el próximo domingo pensando en clave federal o buscará respuestas a los problemas de los estados?
El modelo federal sigue ofreciendo horizontes valiosos para la gestión de los problemas de las entidades. Hace falta que las personas elegidas para encabezar los gobiernos estatales decidan servir a las personas que les votaron más que a sus partidos, hace falta que decidan realizar la incómoda, y muchas veces impopular, tarea de gobernar. ¿Lo harán?
Veremos.
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