Por Juan Adolfo Montiel H.
El pasado 28 de abril, el presidente López Obrador presentó su propuesta de iniciativa de reforma político-electoral, donde propone modificaciones radicales al sistema electoral mexicano. Ya he comentado que esta propuesta impacta la configuración del Congreso federal, de los estados y ayuntamientos, el financiamiento de los partidos políticos, el modelo de comunicación política y la integración de los órganos electorales (el INE y el TEPJF).
En esta ocasión, es conveniente comentar el problema que representa para el Poder Legislativo realizar los nombramientos que tiene facultad y obligación, de realizar. En este momento, el Senado de la República tiene pendiente de concretar el proceso para los nombramientos de 22 titulares de magistraturas electorales locales y cinco de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), además de otros 24 funcionarios que deben realizar.
La propuesta de reforma electoral y política del gobierno señala en el punto cuarto, que la integración de las Consejerías del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y de las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, deberá ser por voto directo de la ciudadanía; la justificación es para que lleguen personas honestas e imparciales, que se mantengan fuera de la lucha por el poder.
Sin embargo, la elección no garantiza que se conviertan en personas honestas e imparciales. Tendríamos 60 propuestas para elegir, que por lo menos 40 de ellas vendrían del gobierno en turno (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo), por lo tanto, se pierde la autonomía de los árbitros electorales; además que, en ningún país del mundo se eligen a los árbitros electorales. Hay que señalar que esto podría destrabar los nombramientos que se tienen que realizar y evitar la parálisis de designaciones que se tienen en este momento.
Los 27 nombramientos electorales y 24 de otros cargos, 51 en total, que “arrastran” las y los integrantes del Senado desde periodos de sesiones anteriores se suman otros 42 que la Cámara alta tiene pendiente atender y recibir, así como otras 24 designaciones cuyos plazos vencen en el periodo correspondiente de septiembre a diciembre de este año.
En total, señala un reporte sobre la agenda del Senado de la República, esta instancia legislativa tiene que resolver 117 nombramientos este año, que incluyen los que están pendientes y los que se renovarán en los siguientes meses.
En el caso de las magistraturas de tribunales electorales locales, el tema no ha podido concretarse desde octubre del año pasado, de modo que la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside el senador Ricardo Monreal, no ha logrado los acuerdos entre los grupos parlamentarios para pronunciarse sobre los candidatos a magistraturas de 18 estados del país.
Cabe recordar que algo similar ocurrió en la Cámara de Diputados en el año 2011, cuando no realizaron la designación de tres titulares de Consejerías Electorales para el IFE, hasta que una sentencia de la Sala Superior los obligo, porque en caso de no realizarlo, ese Tribunal Electoral lo realizaría. Algo similar habría que hacer con los nombramientos atorados en el Senado.
Algunos procesos de nombramientos se iniciaron desde 2020, como sucede con los tres integrantes del Consejo Técnico de Educación de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, en el caso de la magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la presidencia de la Comisión Federal de Competencia Económica, los procedimientos y convocatorias iniciaron desde el 2021.
Entre las otras 38 designaciones pendientes, y que también cuentan con convocatoria, pero llevan al menos dos años de atraso para concretarlas, se encuentran las de los cinco consejeros de la Fiscalía General de la República, que por primera vez serán nombrados y cuyo proceso de selección se inició desde el 2020.
También el órgano de gobierno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene tres nombramientos pendientes en el Senado y, aunque el procedimiento incluso llegó a la votación por cédula, los aspirantes no alcanzaron la mayoría necesaria ante la falta de acuerdos.
En la actual etapa de receso legislativo en el Congreso, la Comisión Permanente tiene la posibilidad de atender y resolver, algunos; sin embargo, en las tres sesiones que lleva la Permanente no se han contemplado en la agenda política y, hasta el momento, no está programado avanzar.
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