Por Hugo Gama
La transparencia y la rendición de cuentas son tópicos que se han venido fortaleciendo en los últimos lustros, mutando de los clásicos informes anuales o periódicos de gobierno a los informes permanentes del quehacer público derivado de los procesos de transparencia.
Ser transparente y rendir cuentas debe entenderse siempre como la determinación del Constituyente para que el servidor público mantenga informado al gobernado del cómo se ejercen los recursos públicos y por consecuencia cómo va funcionando el gobierno o las instituciones públicas. No está de más recordar que el derecho de acceso a la información pública está reconocido como derecho humano.
Dicho derecho, a su vez, es la llave para el acceso a otros derechos, ejemplos son: el ejercicio del sufragio o voto libre e informado (derecho político ciudadano), permite razonar de manera clara y objetiva sobre las propuestas políticas; asimismo, abre la puerta al derecho de la libertad de expresión, ligada a la libertad de prensa, los cuales son fundamentales para mantener informada a los gobernados; ambos casos, nos lleva al fortalecimiento del sistema democrático.
El acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas debe ser visualizada también como herramientas en la lucha contra la corrupción, debido a que mientras más sea la exigencia social en esos temas, el gobierno y las instituciones públicas se verán obligados a ser en su totalidad transparentes, que permita conocer la totalidad del gasto público, la gestión de tramites y la prestación del servicio público.
La transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para el fortalecimiento del estado democrático de derecho; todas las autoridades de cualquier orden de gobierno, los organismos constitucionales autónomos tienen la obligación de informar a la población sobre el desempeño y resultados del quehacer público encomendado, eso forma parte de la vida republicana que debe fortalecerse en el país, en los estados y en los municipios.
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