Por Roberto Pantoja Arzola
De manera tendenciosa se ha entendido que la austeridad republicana (próximamente convertida en pobreza franciscana) que ha llegado con el gobierno del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, ha significado gastar menos y generar recortes irracionales en los presupuestos gubernamentales durante cada ejercicio fiscal.
Lejos de lo que se cree, el nivel de gasto público ha venido creciendo de manera constante en lo que va de la actual administración, incrementos que se han financiado de una mayor recaudación tributaria que se basa en el combate a la evasión y no en más o nuevos impuestos. Tan sólo para el presupuesto de egresos de 2022, el monto de recursos considerado a ejercer es de 7.08 billones de pesos, los cuales superan en 8.6% al ejercido en 2021 y que ya se colocan, como porcentaje del PIB, a niveles previos a la pandemia (25.5%).
La austeridad no ha significado gastar menos, sino gastar mejor. Esta redefinición de la orientación del gasto público implicó medidas que causaron polémica entre los opositores a la 4T como la desaparición de los llamados fideicomisos, figuras jurídicas que detrás de pomposos nombres que pretendían vender nobles intenciones, escondían partidas presupuestales cuyo impacto económico y social no era cuantificable, así como actos de corrupción. En contraparte se rediseñó una red de programas sociales y de obras de infraestructura que atienden a desequilibrios económicos entre los grupos poblacionales y entre las regiones del país.
Pero este esfuerzo de repensar el gasto público no ha sido correspondido por todos los actores e instituciones del país, aún en medio de las exigencias que en este sentido supone la crisis social y económica que trajo consigo la pandemia, así como la volatilidad financiera que impone el entorno internacional.
En días pasados, el Instituto Nacional Electoral aprobó un presupuesto para 2023 de más de 6 mil millones de pesos para partidos políticos. Esta cifra equivale 2.2 veces a los recursos destinados durante 2022 al Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras; ¡sí!, ese programa que llegó a sustituir al cuestionable sistema de Estancias Infantiles y por el que la oposición se desgarraba las vestiduras.
El Presupuesto Basado en Resultados es un principio que contiene la Ley General de Contabilidad Gubernamental y que sugiere que las partidas del gasto público deben ser revisadas año tras año a la luz de su impacto a fin de evitar inercias que deriven en despilfarros. El INE, órgano autónomo que se ha negado a revisar y readecuar su gasto a la nueva realidad del país, vuelve a colocar una evidencia más de su desdén hacia el pueblo y hacia este precepto jurídico con esta propuesta presupuestal.
La reforma electoral que ha planteado el presidente López Obrador adquiere mayor pertinencia a la luz de este suceso. Es urgente que se revise la conformación del órgano electoral para que no se conforme a partir del intercambio de favores partidarios que terminen saldándose con mayores presupuestos a la partidocracia. De lo contrario, mientras que el gobierno de la República camine a la pobreza franciscana, las burocracias de los partidos seguirán viviendo la indolente opulencia dorada.
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