Por Jacques Coste
Ayer leí un ensayo titulado “Hacia la tercera desmilitarización” en Nexos. El autor del ensayo es Alejandro Juárez Ascencio, quien firmó el texto de la siguiente forma: “Sirvió ocho años en la Secretaría de Marina-Armada de México. Fue condecorado dos veces, una de ellas por destacada actuación en enfrentamientos armados contra el crimen organizado. Sus tesis de licenciatura, maestría, y la que desarrolla actualmente en el Doctorado en Historia Aplicada del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), son sobre Fuerzas Armadas. Actualmente está en uso de licencia ilimitada. El contenido de este escrito no representa la postura de ninguna de las instituciones mencionadas”.
Vale la pena leer el ensayo por muchas razones. Primero, por el perfil del autor: es poco común que los militares se atrevan a publicar textos sobre sus propias instituciones, lo cual es motivo suficiente para revisarlo.
Segundo, por la idea central que plantea. México ha vivido dos procesos de desmilitarización en su historia: uno en el porfiriato y uno en la posrevolución. Ambos se basaron en reformas de fondo a las Fuerzas Armadas, incluidos cambios importantes en la educación militar, los presupuestos y la estructura organizacional del Ejército (por ejemplo, imponer edades máximas de retiro o plazos para rotar regionalmente a los mandos militares). Según el autor, el origen de ambos procesos de desmilitarización estuvo en los propios cuerpos castrenses.
En tercer lugar, el texto tiene mérito por la propuesta que lanza el autor: hay que impulsar un diálogo nacional entre civiles y militares para promover la “tercera desmilitarización” de México. Me voy a centrar en este punto.
Antes de comenzar, vale la pena apuntar que Juárez Ascencio se enfoca, sobre todo, en la educación y el diálogo entre civiles y militares en centros académicos, con base en la siguiente premisa: “El modelo militar posrevolucionario respondió a una necesidad política y fue funcional durante el resto del siglo XX […] Eso ya cambió. En el contexto actual, en donde se requiere establecer un fluido diálogo civil-militar, es necesario reformar tanto la educación militar como la civil”.
No obstante, si interpreto correctamente al autor, también propone un diálogo entre civiles y militares más general para impulsar la desmilitarización, proponer una reforma militar aceptable para todas las partes y diseñar una reforma educativa para crear vasos comunicantes entre los civiles y los militares por medio de la academia.
La propuesta es muy interesante y vale la pena discutirla con seriedad. En primer lugar, hay que analizar su viabilidad. Luego de ver la actitud prepotente del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, al negarse a comparecer ante el Congreso, ¿realmente están listas las Fuerzas Armadas para dialogar con los civiles? Después de escuchar al propio general Sandoval defender a ultranza la unidad nacional y reprochar a los periodistas críticos de la militarización, ¿se puede suponer que el Ejército está abierto al diálogo?
Más importante aún: ¿el Ejército y la Marina están listos para posicionarse en el foco de atención del debate público y para discutir, en igualdad de condiciones, con políticos, funcionarios públicos, académicos y representantes de distintos sectores sociales? O, más bien, ¿el diálogo tendría que desarrollarse a puerta cerrada y bajo los términos impuestos por las instituciones castrenses? Es más: ¿siquiera hay condiciones para tal diálogo?
Además, en el ensayo, Juárez Ascencio desliza que no hay una burocracia civil especializada en seguridad nacional ni capaz de comprender a las instituciones castrenses. Por eso, no puede haber civiles en altos mandos de las secretarías de Defensa y Marina, y no hay condiciones para que los titulares de estas dependencias sean civiles.
De acuerdo con el autor, la solución sería intensificar los intercambios entre civiles y militares en distintos foros académicos y centros de formación. Yo le preguntaría a Juárez Ascencio si en verdad ese desconocimiento de las instituciones castrenses y esa ausencia de funcionarios civiles se debe a la ignorancia o la ausencia de capacidades de los civiles, o si en realidad responde al hermetismo de la Fuerzas Armadas y el celo con que los militares cuidan sus instituciones.
El autor también apunta que los aspirantes presidenciales rumbo a 2024 desconocen el rumbo que le quieren dar a las Fuerzas Armadas, es decir, carecen de un “proyecto militar”. Por lo tanto, propone que los aspirantes se acerquen a los cuerpos castrenses a presentarles su proyecto militar o a que los propios soldados los orienten al respecto.
Creo que esta propuesta es peligrosísima. Abrir la puerta a que los candidatos tengan que buscar el apoyo del Ejército durante las elecciones puede resultar en una mayor incidencia político-electoral de los militares que a la postre resulte irreversible. También desembocaría en una mayor politización de las Fuerzas Armadas.
En resumen, la propuesta de un gran diálogo civil-militar es atractiva y sería necesaria para democratizar al Ejército, para desmilitarizar al país y para crear un equilibrio cívico-militar más estable. Las Fuerzas Armadas están tan empoderadas que difícilmente el poder civil puede lograr estos objetivos sin su aval. Sin embargo, precisamente por eso, luce difícil que este diálogo se geste en igualdad de condiciones; más bien, están todos los incentivos para que los cuerpos castrenses impongan su agenda. Así, no habría desmilitarización, sino una militarización a modo, es decir, con los límites, bajo los términos y en las áreas que al Ejército le convengan.
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