Metapolítica
Morelia, Michoacán.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió dos medidas cautelares: una por la probable realización de actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, de cara al Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024.
Por ello, el PAN y el PRD denunciaron la utilización indebida de recursos públicos y la vulneración al principio de imparcialidad, atribuible al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; al partido Morena y a su presidente nacional, Mario Delgado Carrillo, derivado de la reunión en las oficinas de la Secretaría de Gobernación a la que acudieron los gobernadores de Campeche, Colima, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas, Nayarit, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Hidalgo, Tabasco y Veracruz, así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
El PRD denunció también que el dirigente nacional de Morena envió una carta, la cual fue difundida en Twitter el 15 de enero, solicitando a los gobernadores de tales entidades “realicen actos anticipados de campaña y tomen partida en el proceso federal ayudando a su partido para generar una ventaja indebida, lo que podría constituir un uso indebido de recursos públicos”.
Por ello, para el INE, la carta que Delgado Carrillo envió a 12 gobernadores podría constituir en actos anticipados de campaña y la injerencia de personas servidoras públicas.
La Comisión determinó procedente otorgar la tutela preventiva, al considerar que la carta “no tiene cobertura legal y puede contravenir disposiciones constitucionales y legales que prohíben la realización de actos anticipados de campaña”, además de la injerencia de personas servidoras públicas en la equidad de la contienda.
Esto, porque el texto de Mario Delgado solicita “realizar conductas que podrían constituir actos anticipados de campaña y vulnerar los principios de neutralidad y equidad en la contienda, lo que pudiera beneficiar indebidamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los Secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como al Senador Ricardo Monreal Ávila, de cara al PEF 2023-2024”.
Por ello, ordenó a Mario Delgado cesar el “envío o difusión del documento denunciado, en caso de que este se continúe enviando o difundiendo”, y le solicitó abstenerse de elaborar y remitir otros documentos “mediante los cuales soliciten a cualquier persona servidora pública de los tres niveles de gobierno la realización de conducta igual o similar”.
Con respecto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y 12 gobernadores, la Comisión estimó improcedente la tutela preventiva al considerar que se trata de actos futuros de realización incierta.
Sin embargo, la Comisión de Quejas y Denuncias determinó necesario y pertinente emitir un pronunciamiento a los mandatarios estatales denunciados, para que en todo tiempo ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales, recalcando la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad, a fin de no afectar la equidad en la contienda, respetando los tiempos establecidos por la ley en materia de precampañas y campañas.
Finalmente, por cuanto hace al uso indebido de recursos públicos derivado de la reunión realizada en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, el tema lo resolverá en el fondo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
