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Carla Humphrey: “Plan B de reforma electoral pone en riesgo derechos político-electorales de personas históricamente discriminadas”

Metapolítica

Morelia, Michoacán.- “El llamado plan B de la reforma electoral limita al Instituto Nacional Electoral (INE) para emitir acuerdos y lineamientos para establecer acciones afirmativas a favor de personas históricamente discriminadas, además reduce los espacios de representación legislativa por esta vía a 25”, advirtió la Consejera Carla Humphrey Jordan.

Al participar en el Conversatorio Acciones afirmativas en favor de las personas en situación de discriminación y reforma electoral, organizado por el INE y la Librería U-Tópicas, afirmó que “estamos ante un riesgo inminente de un retroceso en los derechos humanos, los derechos político-electorales, el derecho de participación política de las personas en situación de discriminación”.

Humphrey estimó que reducir los espacios por acciones afirmativas de los 65 logrados por la autoridad electoral a 25, implica una “clara regresión e incluso violación a los derechos humanos de las personas pertenecientes a estos grupos”.

La igualdad formal, insistió la consejera, no alcanza para cubrir los espacios necesarios para la representación política y los accesos al escenario público, por lo tanto, “tenemos que ir a la igualdad sustantiva, es decir, hacer iguales a los iguales y abonar para que las personas en situación de desventaja puedan tener acceso a estos cargos”.

Carla Humphrey recalcó que, de acuerdo con un estudio realizado en colaboración con El Colegio de México, las acciones afirmativas deben diseñarse con base en el contexto.

“Claramente esta reforma no hace este análisis, en general, pero en el tema de acciones afirmativas no hay ningún planteamiento ni análisis de por qué se llega a este número aleatorio de 25, por qué suponen que es un número suficiente para cubrir una sociedad plural que debe garantizar estos espacios de acuerdo a cómo está constituida nuestra sociedad”, cuestionó.

En este sentido, la consejera llamó a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas en lo individual para que aporten sus puntos de vista y, en caso de que crean que con esta reforma se transgreden sus derechos político-electorales, acudan a las vías jurisdiccionales a su alcance.




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