Por Jorge Luis Hernández Altamirano
Que la democracia necesita de demócratas es un tópico que no por el hecho de serlo deja de ser real. Y es que, qué sentido tendrían las elecciones si partidos políticos, ciudadanía y opinión pública asumieran que los resultados de estas son y serán fraudulentos. ¿Por qué razón participaríamos de un juego que sabemos, de antemano, que está amañado y que es imposible de ganar?
Sin el compromiso democrático, que obliga a las personas competidoras a renunciar a cualquier otro medio de acceso al poder público que no sean las urnas, que motiva a la ciudadanía a tomar un día completo de sus vidas para recibir la votación de las personas de su vecindario, que mueve a millones de votantes a colmar las urnas y hacer filas para expresar sus preferencias, el sistema electoral no funcionaría.
Es importante señalar que esa confianza y ese compromiso no son espontáneos, ni han sido resultado de un proceso de iluminación colectiva. Por el contrario, son productos históricos y consecuencia de un robusto andamiaje institucional que la ciudadanía ha exigido y que es impensable e innecesario en otras latitudes: la existencia de un padrón independiente del poder, la incorporación de medidas de seguridad en los materiales electorales y la vigilancia ciudadana del órgano administrativo electoral, son sólo algunos ejemplos de construcción de confianza en la democracia mexicana.
Sin ahondar más en el valor histórico, político, social y cultural que para México tienen los comicios organizados por la ciudadanía y no por el poder; es necesario señalar que la existencia de elecciones competitivas, resultados imprevisibles y confianza en que los votos cuentan y se cuentan son un bien público reciente y sostenido en un andamiaje institucional robusto y complejo.
En ese contexto, la confianza se convierte no sólo en un producto del sistema sino en un insumo, pues, para cumplir sus propósitos, las instituciones deben contar con una base de confianza de la comunidad política. Sin esa confianza, sus acciones son percibidas como ilegitimas y sus resultados rara vez pueden alcanzar los niveles de eficacia deseados.
Sin embargo, la confianza no es un bien que se entrega de una vez y para siempre, se gana y se comprueba en cada actuación institucional. El compromiso democrático es siempre un arreglo que necesita constantes ratificaciones de los actores políticos. En ese sentido, y pese a momentos específicos de tensión, el Instituto Nacional Electoral ha sabido mantener, a la fecha, los cimientos institucionales sobre los que se sostiene la democracia procedimental mexicana. Las personas que han o están ocupando consejerías han cumplido, desde sus perfiles, con la tarea de asegurar elecciones libres y reales en las que toda la ciudadanía pueda expresar libremente su voto.
Por eso, es especialmente relevante el proceso de designación de cuatro consejerías para suplir las vacancias que el fin del periodo de designación dejará desde el 3 de abril de este año. En primer lugar porque el Instituto necesita contar con un Consejo General completo que pueda analizar y discutir sus decisiones y, con ello, proteger los derechos político electorales de todas las personas; en segunda instancia, porque una vez más se evidencia la necesidad de un esquema de designación que asegure la legitimidad de sus nuevas personas integrantes.
Y aunque el procedimiento recae en mayor medida en un acuerdo político, en manos Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, un largo y detallado proceso explicitado por una convocatoria pública en manos de un Comité Técnico de Evaluación, integrado por siete personas propuestas por tres diversas instancias del Estado mexicano, permite asegurar que las personas aspirantes cumplan con una serie de requisitos y exhiban elementos que aseguren su independencia y capacidad en el desempeño de la función electoral.
Mucho se ha escrito sobre la conformación del Comité Técnico de selección. Pero, es importante señalar que, hasta este momento, el concurso se ha llevado a cabo conforme a lo establecido en la convocatoria. Si bien es cierto que la aplicación del examen enfrentó fallas de carácter técnico que en todo momento motivaron el apoyo del personal, también lo es que, hasta este momento, las especulaciones sobre acordeones y exámenes filtrados han quedado en eso.
Es decir, se puede discutir el contenido del examen, pero no puede decirse que se hayan formulado preguntas en fuera de lugar o “teledirigidas”. Por el contrario, aspectos como la visión rousseauniana de la democracia y la voluntad general, la discusión entre democracia procedimental y sustantiva, la importancia del control de convencionalidad y la validez de los mecanismos de participación ciudadana, por citar algunos ejemplos, siguen siendo fuente de debate entre los estudiosos de la ciencia política y el derecho electoral.
En una lógica de polarización, es fácil caer en la tentación de asumir que todo este proceso es un montaje y que las personas designadas ya lo son y ya lo saben. Pero, el compromiso democrático me exige participar de la convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, no sólo porque integrar el servicio público es un derecho y una obligación para con los principios democráticos del país, sino porque en un escenario de disputa democrático urge avalar el régimen institucional que nos ha brindado el periodo de paz social más largo en la historia del país.
Está claro que el compromiso democrático no pasa por renunciar a los derechos de acceso a la protección de los derechos político electorales cuando las personas aspirantes consideren su vulneración, como ya han estado promoviendo ante diversas instancias. Pero ¿qué sentido tendría haber reunido la documentación y los requisitos señalados en la convocatoria para participar de un proceso que, de antemano, consideramos decidido?
Por el contrario, siempre será resaltable la existencia de un proceso que permita participar, en igualdad de condiciones, a la ciudadanía sin importar la edad, la procedencia geográfica o los años de experiencia.
Es cierto que el mecanismo de designación es absolutamente perfectible, por principio de cuentas valdría la pena fortalecer la presencia ciudadana, hoy acotada a la emisión de opiniones y a la formulación de preguntas. Pero, el inusitado interés que esta designación está generando puede ser un valioso punto de partida para discutir y mejorar el procedimiento: todo lo que sume a incrementar la confianza en la democracia, será una decisión acertada.
No obstante, con absoluto compromiso democrático, creo que quienes estamos participando y siguiendo este proceso, y de manera muy clara a través del acompañamiento de la ciudadanía, podemos contribuir a proveer al Comité de los mejores elementos para la conformación de las quintetas. Al final, lo más importante es que la ciudadanía pueda tener certeza que las personas que se integrarán al Consejo General el próximo 4 de abril servirán a la misión constitucional atribuida al INE: la práctica democrática de nuestro Estado y el acceso pleno a los derechos político-electorales de todas las personas.
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