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TJAM advierte fallas en Ayuntamientos para investigar irregularidades

Héctor Tapia / Metapolítica

Morelia, Michoacán.- Durante todo 2022, sólo cinco informes de presuntas irregularidades fueron planteadas por los ayuntamientos, esto refleja que desde los mismos municipios, los órganos internos no están cumpliendo con su función.

Esto lo aseveró el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM), Hugo Gama Coria, en el marco de la Sesión del Sistema Estatal Anticorrupción que se celebró en la capital michoacana.

En este contexto, hay que referir que los informes de Presunta Responsabilidad Administrativa son fundamentales para sustentar los procedimientos que son juzgados por el mismo Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán.

Gama Coria explicó que se plantea o propone que se puedan certificar a quienes están en las áreas de control interno, o contralorías, y que se busca que “quienes investigan posibles hechos de corrupción, tengan las capacidades y habilidades certificadas para realizar su función de manera puntual, eficiente y eficaz, y cumplir así el objetivo final: que el órgano jurisdiccional pueda sancionar estos actos”.

Fue en este contexto que el magistrado presidente del TJAM dijo que “durante el 2022, lamentablemente, lo digo con claridad, de los municipios sólo llegaron cinco informes de presuntas irregularidades”.

Ante esto, Hugo Gama dijo que “los órganos de control interno no están realizando su tarea y en gran medida es porque todavía no logran comprender el funcionamiento de las tareas de investigación y substanciación, y de cómo remitir al órgano jurisdiccional”.

Esta situación “debe preocuparnos”, dijo, porque esto refleja que hay una falla importante, sustantiva, y que “no debemos seguir permitiendo”.

Por ello es que insistió en que la certificación que se plantea tendrá que ser obligatoria para estos funcionarios públicos.

Dijo que no se puede tener una lucha frontal contra los actos de corrupción “con esta circunstancia de falta de acción de las instancias investigadoras”, lo que termina por convertirse en un “manto protector” para quienes puedan tener o incurrir en responsabilidades administrativas, y “no podemos permitir esa circunstancia”.




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