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#OPINIÓN // Reclutamiento, base social del crimen organizado

Por Elizabeth Juárez Cordero

El reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos de la delincuencia organizada definido como toda forma de cooptación o alistamiento, es uno de los rostros de las muchas formas en las que la criminalidad y la violencia colectiva están afectando gravemente a la niñez y a la adolescencia en nuestro país.

Aun cuando no existen datos oficiales sobre el alcance de este fenómeno, organizaciones como Reinserta A.C. y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) han realizado diversos estudios, entre los que estiman que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes  (NNA) están en riesgo de ser reclutados o utilizados por parte de grupos delictivos, destacando Michoacán como una de las entidades con mayor porcentaje de población en riesgo de ser recluidos, con una estimación de entre 9 mil 450 y 16 mil 300 de personas menores de 18 años.

De acuerdo con Redim más de la mitad de las y los adolescentes con medidas de internamiento, se encuentran privados de la libertad por delitos vinculados con la delincuencia organizada. Del mismo modo, la proliferación y expansión de estos grupos a lo largo del territorio nacional, así como la necesidad permanente de aumentar su base social, como resultado de las disputas de plazas, son un factor evidente que promueve la incorporación cada vez mayor de personas en la realización de conductas delictivas, incluidos las de las personas menores de 18 años, que van desde aquellas conductas relacionadas con los delitos contra la salud, secuestro, homicidio, trata de personas y extorsión, entre otras.

Sin embargo, el reclutamiento en NNA, justamente por su condición de edad y con ello de un proceso en construcción de su personalidad y capacidades evolutivas, supeditadas a la tutela y custodia de quienes debieran protegerlos y evitar se involucren de este tipo de asociaciones, en ninguna circunstancia puede ser considerado como “voluntario”, pues sin importar el tipo de recursos utilizados para el reclutamiento, tanto NNA reclutados como aquellos sobrevivientes de reclutamiento, deben ser tratados como víctimas.  

Los estudios y acciones realizadas en materia de reclutamiento, en países como el Salvador y Colombia, si bien bajo contextos muy específicos, ofrecen interesantes modelos en la elaboración de diagnósticos como de programas y acciones gubernamentales encaminados a su atención, prevención y reinserción social.

Uno de los primeros puntos de partida, tiene que ver con la multifactorialidad del fenómeno, pues la simple existencia de grupos delincuenciales no alcanza para describir sus causas, como tampoco las condicionantes socioeconómicas; el rezago histórico, la pobreza y marginación, son suficientes para explicar los factores que detonan el reclutamiento y utilización de NNA.

Desde el enfoque de prevención social de la violencia, es posible identificar factores de riesgo en cuando menos cuatro niveles, de tipo individual, familiar, comunitario y de estructura social. Entre los primeros, podemos encontrar aspectos relacionados con la historia de vida, el acceso a derechos como la educación, salud, vivienda, condición socioeconómica, salud mental, uniones tempranas, explotación o trabajo infantil, por mencionar algunos.

Dentro de los aspectos familiares, se suma también la violencia de género e intrafamiliar, el involucramiento de familiares en grupos delictivos o incluso el formar parte de una red familiar delictiva. Algo muy parecido ocurre con el entorno comunitario, la presencia y el arraigo de grupos delincuenciales, la tolerancia social, la desvaloración del trabajo y la educación, como elementos clave de los proyectos de vida, son solo algunos de los factores que circundan el ambiente en el que se desarrollan NNA.

Por su parte, dentro de la estructura social, además de la normalización de la violencia y de lo que se ha denominado “narcocultura”, es posible observar otros fenómenos interrelacionados más allá de los entornos comunitarios como la impunidad, corrupción, la fata de cultura de la legalidad, entre otros elementos que se suman al (mal) funcionamiento de las instancias protectoras, de seguridad y procuración de justicia; además del marco legal y normativo de protección de derechos de NNA.

La integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes, además de las implicaciones sociales del reclutamiento, en la permanencia y perpetuación de los ciclos de violencia; demandan del mayor interés por parte de la ciudadanía, representantes políticos y autoridades para construir una agenda que haga frente a los contextos y factores de riesgo para NNA.

En el caso de Michoacán la información de todos conocida sobre la situación de seguridad, desde hace varios años, refleja de sobra la urgente necesidad de impulsar acciones decididas y comprometidas en su prevención, atención y de reinserción social.

Es por ello que, resultado del ejercicio de acción afirmativa promovido por la 75 Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán para la conformación del Primer Parlamento de Mujeres, ocurrido la semana pasada, fue aprobada una propuesta de reforma para el artículo 156 del Código Penal, como diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de visibilizar, reconocer y tipificar el reclutamiento, además de promover el diseño de políticas públicas y programas encaminados a su atención.

Desde la participación ciudadana, quienes integramos este Parlamento ya dimos un paso en nombrar y visibilizar un fenómeno que está carcomiendo todos los días el presente y futuro de nuestro estado, que lastima y pone en peligro la vida de NNA y que, sin su atención decidida, seguiremos viendo como pasan de jugar a convertirse en los secuestradores y sicarios del mañana.

Ahora corresponde a las autoridades y legisladores empezar a actuar para que juntas y juntos podamos decirle a niñas, niños y adolescentes michoacanos, que otras realidades son posibles.

Las opiniones emitidas por los colaboradores de Metapolítica son responsabilidad de quien las escribe y no representan una posición editorial de este medio.

Elizabeth Juárez Cordero. Directora del Consejo Estatal de Población en Michoacán de 2017 a 2021.

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