“(…) por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”
—Miguel de Cervantes Saavedra
Por Rosmi Bonilla
Ante la opacidad y la incomodidad que la transparencia, el gobierno abierto y la rendición de cuentas le causa a este gobierno de la 4T, hemos perdido al órgano que garantiza nuestro derecho a saber.
Y lo hemos perdido porque, por ley, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) no puede sesionar con cuatro de los siete comisionados que deberían integrar su pleno y las sesiones del Pleno del Inai son las que permiten que, si existe alguna controversia sobre la información que solicita algún ciudadano, se defina si es legalmente posible que otorgue esa información, es decir, se tutela el derecho a saber que nos otorga el artículo 6.o Constitucional.
Básicamente, la historia del ataque del Inai es la siguiente: el Senado de la República tardó casi un año en designar a dos comisionados que estaban pendientes porque los anteriores comisionados habían concluido su periodo.
Finalmente, el Senado hace la designación de Yadira Alarcón y Rafael Luna pero, unos días después, el 15 de marzo de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador objetó los nombramientos por considerar que eran de los perfiles “peor calificados”, como si la idoneidad de perfiles fuera un sello característico de las designaciones del presidente.
Ante el veto, el Senado deberá presentar y aprobar una nueva propuesta con tres quintas partes de los miembros presentes. Dijeron que lo harían el 22 de marzo y no fue así.
Parece que la urgencia y la eficiencia no son características de los senadores. Y entonces, llegó el día (31 de marzo de 2023) en el que el Inai se quedó sin un tercer comisionado y sin la posibilidad de sesionar.
El veto es grave porque se presume que busca debilitar –como ya lo hizo– a un órgano que le ha resultado incómodo al presidente pues, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia se han conocido los contratos de Pemex a la familia del presidente y se ha desvelado el desfalco de Segalmex.
Pero, además, el Pleno ha solicitado que se informe y presenten los expedientes de impacto ambiental del Tren Maya; la denuncias por corrupción contra cinco expresidentes y contra el presidente actual; que se abran los expedientes del Caso Ayotzinapa que justifican la sentencia del actual gobierno de que se trató de un crimen de Estado y los que justifican la inviabilidad del Aeropuerto de Texcoco; que se documenten las reuniones de Gabinete de Seguridad que se realizan cada mañana y, finalmente, el Pleno del Inai se ha negado a investigar, como pretendió AMLO, los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola.
Ya entrados en calor y tocando temas más personales, el pasado viernes, el Pleno todavía en funciones, solicitó que la UNAM presente el título y la tesis del AMLO y el Comisionado saliente había pedido que se transparentaran las subvenciones del presidente, es decir, todas aquellas prestaciones que tiene por ser el presidente de México (por ejemplo, vivir en un departamento que no es de su propiedad, sin pagar renta) y se sumen a su salario para tener claridad en los ingresos brutos del presidente.
Pero de todo este drama lo más grave es que los ciudadanos nos quedamos sin un órgano que garantice nuestro derecho a saber qué hace el gobierno con nuestros recursos, por qué toma las decisiones que toma, quienes son los personajes que conforman la administración pública y hasta cómo podemos medir su desempeño como servidores públicos. Porque, cuando hay una controversia sobre la información que debe o no debe conocer el ciudadano, el Pleno del Inai toma la decisión y casi siempre, se privilegia el derecho a saber, es decir, se da la razón a los ciudadanos solicitantes.
La transparencia es una obligación del Estado, saber es un derecho de los ciudadanos y hoy, nos hemos quedado sin el órgano que garantiza y defiende ese derecho ante la opacidad del gobierno.
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