Héctor Tapia / Metapolítica
El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) inició una ruta de construcción del Programa Implementador de la Política Estatal Anticorrupción que fue aprobada a mediados del año pasado, con el que se busca impulsar acciones concretas, medibles y evaluables en materia anticorrupción de las distintas instituciones que conforman el sistema.
Al respecto, Víctor Vieyra Avilés, presidente del Comité de participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, dijo que esta dinámica obedece a la congruencia para con la emisión o aprobación de la Política Estatal Anticorrupción, que se aprobó en junio del año pasado.
“Ahora, lo que estamos haciendo es diseñar el programa de implementación”, explicó, con lo que se busca implementar acciones concretas, así como los indicadores que se llevarán para medir los avances que se darán con un programa a largo plazo, con una visión al 2030.
Vieyra Avilés dijo que lo que se busca es acercar lo que cada institución del SEA planteó, en el ámbito de su competencia, en el Plan Estatal Anticorrupción; para lo que se han hecho una serie de mesas para ir construyendo esto, y en una segunda fase, que inició este mes, se abrió a los distintos sectores interesados, para que a partir de ahí se seleccionen o desechen ideas, y las resultantes se puedan afinar en la implementación de las políticas anticorrupción y que estas tengan impacto, para que se incluyan en el presupuesto del 2024.
Para esto, dijo, son 5 mesas de análisis las que se instalarán, y habrá una sexta con la cual se afinará todo el programa de implementación, lo cual se desahogará durante el mes de mayo; es decir, para la primera semana del siguiente se prevé ya tener concluido este programa.
“A Michoacán le falta para hacer política pública en materia anticorrupción, estamos siendo consistentes con el comité coordinador, porque lo que queremos es no perder eso; la idea es que se genere este programa de implementación, se someta aprobación del Comité, y cada institución tendrá un programa de implementación con indicadores medibles para que lo metan al presupuesto 2024”, apuntó Víctor Vieyra.
El tener este programa de implementación, dijo, permitirá que se contemple ya presupuestalmente para el 2024, para que las acciones específicas tengan este marco presupuestal que permita emprenderlas.
“En una política normal de implementación se destinan los primeros tres años para la implementación; después si todo va bien deberá haber una evaluación”, indicó, y enfatizó que “la política que estamos proponiendo tiene una visión al 2030, más allá de los cambios en la presidencia e integración del Comité de Participación Ciudadana”.
