Metapolítica
Morelia, Michoacán.- La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) advirtió que de invalidarse el proceso legislativo con el que se aprobó la reforma electoral, conocida como Plan B, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “estaría sustituyendo al Congreso de la Unión”.
“Al tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión”, señalaron en un comunicado.
La CJEF advirtió que “violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos”.
Por tanto, llamó que en el fallo se priorice “el fondo sobre la forma” según establece el artículo 17 constitucional, un criterio ya usado por la propia Corte en otros asuntos.
La SCJN descartó la semana pasada una solicitud de la consejería con la que le pedía atender antes una controversia constitucional promovida en 2018 a la Ley de Comunicación Social, previo a la discusión sobre el plan B.
Por rechazar el recurso, la CJEF acusó que la SCJN “demuestra que existen dos parámetros distintos: uno para revisar las leyes del régimen neoliberal (en cinco años no se ha querido dictar sentencia), y otro distinto para las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la transformación que exige el pueblo de México (se resolvería en tres meses), a pesar de que se trata de la misma norma impugnada”.
El ministro Alberto Pérez Dayán propone anular la totalidad del decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022, al señalar que “no se cumplieron algunas formalidades del proceso legislativo, lo cual es falso”.
El Congreso “cumplió los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios; incluso, con los criterios de la propia SCJN”, insistió por su parte la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Con información de La Jornada
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