Por David Alejandro Delgado Arroyo
En la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del pasado 28 de abril de 2023 se creó la Comisión Temporal de Presupuesto, con el objeto de llevar a cabo un ejercicio de evaluación respecto del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2023, y revisar, analizar y discutir la propuesta de Anteproyecto del presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2024.
Dicha Comisión la Preside la Consejera Carla Astrid Humphrey Jordán, asimismo, la integran la Consejera Rita Bell López Ventura y los Consejeros José Martín Faz Mora, Arturo Castillo Loza y Jorge Montaño Ventura. En dicha Comisión podrán participar las Personas Consejeras del Poder legislativa y las Personas representantes de los Partidos Políticos.
Con ello, comienza un proceso presupuestario fundamental para las elecciones del 2 de Junio de 2024, en que se renovará la Presidencia de la República, asimismo en Michoacán se renovarán 3 Senadurías (dos de Mayoría Relativa y una de primera minoría), así como se participará mediante el voto para la integración de las senadurías de representación proporcional; además se votará en Michoacán por 11 diputaciones de mayoría relativa y el voto también servirá para integrar la representación proporcional de la Circunscripción Plurinominal número 5.
Por si fuera poco, las elecciones del año entrante también serán concurrentes en Michoacán con la renovación en su totalidad de los 40 escaños del Congreso del Estado y de los Ayuntamientos de la entidad.
De manera que el reto del presupuesto para el año entrante no solo es la magnitud de los cargos en disputa a nivel nacional, alrededor de 20 mil; sino también que la Lista Nominal de Electores sigue creciendo, se ubicará alrededor de los 98 millones de ciudadanas y ciudadanos (en 2021, se fue a la votación con 93,676,029), lo cual implica que el número de casillas a instalar se incrementará a una cifra cercana a las 170,000 (en 2021 se instalaron 162,570); de las cuales en Michoacán se proyectan inicialmente 6,534 casillas (en 2021 se instalaron 6,167 casillas).
A lo anterior hay que considerar que la inflación de enero de 2021 a la fecha se ha incrementado en 16.47%, mientras que, de enero de 2018 a la fecha, se ha tenido una variación inflacionaria de 29.93%.
La presión sobre la austeridad está fuertemente presente en el INE, sin embargo, los datos anteriores significan condicionantes difíciles de remontar; sin embargo, siempre hay áreas de oportunidad que podrán tomarse desde este proceso presupuestario; aunque los más profundos puedan venir más lentamente en los siguientes ejercicios presupuestarios.
Algo que es fundamental es, que la planeación anteceda a la presupuestación. Hay una tradición institucional de que los procesos electorales significan el momento para que diversos documentos operativos sean aprobados por el Consejo General del INE; a lo largo de muchos años he planteado que dichos documentos sean aprobados inclusive antes del proceso electoral, con el propósito de que se cuente con certezas al momento de presupuestar.
Por ejemplo, en estos momentos cuando se nos pide apoyo para presupuestar los mecanismos de recolección de los paquetes electorales, lo que preguntan las y los compañeros de trabajo es ¿con cuántos capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales contaremos?
Dicho elemento se define en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral que comúnmente se aprueba muy cercana al inicio del proceso electoral. Así que lo que nos queda es presupuestar con estimados para las bases de cálculo.
Pero además, la impresionante logística que implica organizar una elección también está condicionada por los humores políticos, lo que implica que hay operativos que se exigen por circunstancias especiales de determinado proceso electoral.
Pero además, los 90 días previos al inicio del proceso electoral que no se pueden hacer reformas electorales fundamentales de conformidad con el 105 constitucional, e inclusive la intención del llamado Plan B de correr el inicio del proceso electoral a la tercera semana de noviembre, no abonan a una saludable presupuestación.
Ello porque después de las reformas electorales federales, en un sistema concurrentes le siguen las locales, y además la instrumentación a partir de reglamentos y lineamientos que luego tendrán que convertirse en pesos y centavos para su concreción.
Lo preferible sería que se obligara a que las reformas electorales pudieran tener solo una ventana para ser realizadas en el segundo semestre del año siguiente a cada elección, y todavía mejor para la estabilidad, que fueren solamente en el segundo semestre del año siguiente a la elección presidencial.
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