Por Héctor Tapia
Esta semana se presentó ya formalmente una solicitud de juicio político contra Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, auditor de Michoacán; ahora, el balón está en la cancha de la LXXV Legislatura.
La Secretaría de Contraloría del estado presentó un expediente, que contiene 53 anexos, donde detalla los aspectos que sustentan la solicitud, donde hace referencia a los movimientos que hizo el auditor en favor, presuntamente, de empresas donde allegados a él se vieron beneficiadas con más de 258 millones de pesos.
Los señalamientos en contra del auditor no son nuevos, pero sí han venido incrementando; estos persisten desde que fue designado. Particularmente por su evidente cercanía con Silvano Aureoles Conejo, de quien fue empleado en el gobierno pasado.
Durante la actual legislatura ya se venía intentando, por varias vías, asentar desde el pleno las presuntas irregularidades en el actuar del auditor, así como también los alcances en la revisión de las últimas cuentas públicas del gobierno silvanista que concluyó en un caos administrativo y financiero y donde se concretaron los señalamientos de presuntos actos de corrupción donde el auditor no asumió postura contundente como autoridad fiscalizadora.
Sin embargo, aún con estos señalamientos de diversos legisladores locales, particularmente emanados de Morena, que se venían poniendo sobre la mesa, ninguna acción específica o concreta pudo prosperar por la falta de respaldo de las distintas fracciones parlamentarias.
¿Pero cuál es la diferencia en esta coyuntura específica?; hay varios aspectos que podrían decantar la declaratoria de procedencia a discusión de la solicitud de juicio político, y avanzar en el enjuiciamiento del auditor michoacano.
Uno de ellos tiene que ver con que va mermando el respaldo político hacia el auditor local, también como reflejo de la eventual disminución de la fuerza política del ex gobernador Silvano Aureoles sobre un grupo de legisladores y legisladoras que le venían cubriendo las espaldas.
Es decir, la lectura preliminar es que no sólo se está perdiendo fuerza el ex gobernador, sino el consiguiente abandono en a los sus allegados de Aureoles Conejo como es este caso del auditor local.
En cualquier caso, toca ahora a los diputados locales y sus fracciones parlamentarias asumir postura y enviar mensaje al respecto: ¿están abiertos a que se revisen los elementos presentados por la contraloría y someter a juicio al auditor?, o ¿se aferrarán en la defensa de Aguirre Abellaneda sin abrir espacio al desahogo de las pruebas?.
