Por Hugo Gama Coria
A finales de siglo pasado en el país comenzó la descentralización de funciones del Poder Ejecutivo, a consecuencia de la elección presidencial de 1988, que sembró dudas sobre el actuar del gobierno en turno respecto de la organización, desarrollo y resultado de ese proceso electoral; esto ocurría porque, precisamente, le correspondía al propio Ejecutivo ser el responsable de organizar la elección.
Entonces, a partir del nacimiento del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) como órgano constitucional autónomo, con el impulso de expertos constitucionalistas y de la oposición política del momento, también se impulsaron otros órganos especializados en materia de derechos humanos, acceso a la información y transparencia; así como de carácter financiero, administrativo y jurisdiccional, entre otros.
Esta descentralización se promovió con la clara decisión de equilibrar y modular el ejercicio del poder (principalmente del Ejecutivo), y de la función pública, en específico; se buscó incrementar los controles constitucionales y legales, y generar una especialización institucional en temas de interés público, siendo estos los principales objetivos de los órganos autónomos.
En el caso de los órganos jurisdiccionales administrativos, estos nacieron con su calidad de constitucionales y autónomos, a efecto de garantizar su independencia, y con la finalidad prioritaria de establecer controles de legalidad administrativa en el ejercicio de la función pública por parte del Poder Ejecutivo Federal, Estatal y/o municipal; es decir, crearon un órgano que revisa los actos administrativos de la autoridad, cuando los justiciables presumen una ilegalidad, arbitrariedad o abuso; pero además, en ese control se revisa la conducta de los servidores públicos, resolviendo sobre su responsabilidad en hechos de corrupción.
En Michoacán, ese proceso atrajo la creación del Tribunal de Justicia Administrativa, que este 2023 cumple quince años de vida como un órgano constitucional autónomo y como una institución que, aun con su juventud, sirve a las y los michoacanos, quienes pueden tener certeza de que cuentan con un Tribunal que atiende y resuelve conforme a derecho sus demandas y denuncias.
Este Tribunal en Michoacán resulta importante para el ejercicio del poder y de la función pública, ya que revisa y resuelve sobre el actuar administrativo del gobierno del Estado y de los 113 municipios, aunado de conocer de las faltas administrativa graves motivo de responsabilidad.
En el contexto nacional se debe dar el valor y apoyar a estos órganos jurisdiccionales, ya que son indispensables para el buen funcionamiento de la administración pública; son Tribunales que ayudan a la gobernanza, al fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho y son principalmente, instrumentos públicos para alcanzar justicia.
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