Por Jaime Márquez
Las quejas contra los aguacateros, en el marco de la firma del T-MEC, por la instalación de huertas ilegales, así como la tala de árboles para expandir los cultivos de “oro verde”, los forzó a plegarse a la nueva normatividad, que los obliga a cumplir con las leyes ambientales y laborales.
Esas reglas les imponen brindar seguridad social a los jornaleros, pero también les ponen freno a la tala para instalar nuevas huertas. La seguridad social se refiere a la obligación de brindar Seguro Social e Infonavit, lo que a su vez implica que los trabajadores pueden ser sujetos de crédito y acumular semanas de cotización para jubilarse.
En Michoacán se producen un millón 676 mil toneladas de aguacate, de las cuales se exportan 130 mil a los Estados Unidos, mismas que tienen un valor de 3 mil millones de dólares, pero; de no acatar las reglas del T-MEC, los agroexportadores pueden sufrir un veto y cierre de las fronteras del vecino del norte; así que, ya con la guadaña en el cuello, aceptaron formalizar a los trabajadores, hecho al que se negaron por más de 25 años.
La semana pasada el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y asociaciones productoras firmaron el Acuerdo de Formalización Laboral de la Agroindustria, mediante el cual se busca incorporar a 45 mil trabajadores al esquema de seguridad social en los próximos meses.
Se sumaron la Asociación de Productores, Empacadores Exportadores de Michoacán (Apeam), la Unión de Empacadores y Comercializadores de Aguacate de Michoacán (Udecam), la Asociación Nacional de Exportadores de Berries (Aneberries), así como a productores de limón y mango, entre otras, que se han incorporado a esta estrategia gubernamental.
A lo anterior se adhiere el Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), que duplicará la capacidad de atención hospitalaria en los próximos tres años, con nuevos hospitales en Uruapan, Zitácuaro y Morelia; por lo mismo; la administración estatal ya gestiona que se concreten.
El gobernador Alfredo Ramírez ha señalado que con el propósito de hacer justicia social, ya es una política de estado la formalización del trabajo de los jornaleros.
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