Por David Alejandro Delgado Arroyo
El viernes 4 de abril de 2014 me encontraba en la Ciudad de México presenciando, como Vocal Ejecutivo Local en Guerrero, la primera sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, luego de que dejará de existir el Instituto Federal Electoral.
Ese mismo día, mi compañero Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital 01 con cabecera en Ciudad Altamirano, Guerrero; acudió a la capital Chilpancingo de los Bravo, a entregar documentación oficial. Después de comer emprendió su regreso, acompañado de un compañero de trabajo, a quién dejó en Iguala.
Aproximadamente a las 19:00 horas mi compañero pasaba por Tlapehuala, cuando fue secuestrado, agredido y asesinado.
El Sábado 5 de abril, me avisaron su desaparición, pero no fue sino hasta el Martes 8 de Abril cuando apareció un cuerpo en descomposición en un canal de Tlapehuala, de manera que no podía ser reconocido, debido al tiempo que se requiere la prueba de ADN y con el afán de apoyar al reconocimiento de nuestro compañero desaparecido, en reunión de trabajo con mis compañeros Vocales de la Junta Local Ejecutiva del INE en Guerrero, pensamos en intentar un reconocimiento de huellas dactilares, confrontándolas con los biométricos que ya comenzaban a generarse en el trámite de la Credencial para Votar.
La confronta no fue posible por el avanzado estado de descomposición generado por la exposición en el agua; sin embargo, considero que algo quedó de esa prueba, porque en la pasada sesión del Consejo General del INE del 21 de Junio, se rindió un Informe de los resultados de los Convenios para la identificación de personas a través del método de biometría y colaboración para la localización de personas desaparecidas.
El 6 de diciembre de 2016, el INE firmó el Convenio de Colaboración con la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, la Procuradurías y Fiscalía Generales de Justicia de las entidades federativas, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y los Servicios Médicos Forenses de las entidades federativas, con el objetivo de que éstos puedan proporcionar información biométrica de huellas dactilares de personas no localizadas o desconocidas que contribuya a la identificación respecto a la información con la que cuenta el INE, permitiendo también la depuración del Padrón Electoral.
Dicha ruta fue reforzada con la publicación el 26 de enero de 2017 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que permite el tratamiento de datos personales para localización de una persona reportada como desaparecida.
De manera que desde 2016, el INE ha suscrito 19 Convenios para coadyuvar mediante el uso de la base de datos biométrica más grande del país, con las diferentes autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas.
De hecho, en Michoacán, se acercaron con un servidor, en mi calidad de Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Michoacán, un grupo de personas de diversas instituciones a solicitar el apoyo para que en Michoacán se suscribiera un Convenio específico en la materia, lo cual se logró con la Fiscalía General de Michoacán el 20 de abril de 2022.
En el informe presentado ante el Consejo General del INE se da cuenta que el problema de las personas desaparecidas ha tenido un incremento sustancial desde 2007 a la fecha, reportándose en dicho lapso un total de 94,930 personas.
Los Convenios han generado al corte del 31 de Mayo pasado, en términos de identificación de personas un total nacional de 65,406 solicitudes, de las cuales, se han confirmado mediante dictamen la identificación de 6,961 personas candidatas. Ello es así porque “no basta que el perito confirme la coincidencia de las huellas dactilares, sino que se requiere localizar a los familiares o conocidos de la persona para que pueda ser plenamente identificada y se cierre así el caso de una posible persona reportada como desaparecida o no localizada. Sin embargo, esta información ya no es del ámbito del conocimiento del INE, por lo que no es posible conocer el número de casos en que los resultados de la ubicación de los candidatos señalados en la información que se reporta han implicado la localización de una persona desaparecida o no localizada”.
Como en el caso de mi compañero, hay situaciones que dificultan la obtención clara de las huellas dactilares, pero el aporte que el INE hace para atender un lamentable problema público doloroso es relevante y constituye un valor social.
