Héctor Tapia / Metapolítica
Al presentar una evolución y evaluación de los primeros meses de resultados desde que se aprobó la reforma penal en materia de extorsión para el estado, se informó que las modificaciones permitieron que se elevaran 221% las denuncias por este delito en Michoacán en este año, respecto al año pasado.
Esta cifra hace referencia al comparativo sobre los acumulados de enero a junio de ambos años; sin embargo, al hacer una comparación tan solo de las carpetas de investigación abiertas para el mes de junio, mientras en el 2022 se tenían 7, para el mismo mes de este año se habían alcanzado 30, es decir un incremento del 328.57%.
Esto, a consideración del gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, y la Fiscalía General del Estado, quienes presentaron de manera conjunta la evaluación, se debe a que las modificaciones legales permitieron abrir más el espectro jurídico para poder ampliar el margen de acción y proceder contra quienes cometen estos delitos.
Al respecto, el secretario de gobierno, Carlos Torres Piña, recordó que la iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo en febrero de este año, y que entró en vigor ya en marzo pasado; para la construcción de esta reforma se contemplaron voces del Poder Judicial y la misma Fiscalía, para que se hicieran los ajustes tomando en cuenta las perspectivas que ellos plantearon.
Torres Piña informó que de acuerdo a las cifras, previo a la reforma, la cifra negra de este tipo de delitos se mantenía hasta casi el 98%; es decir, casi ninguno de los delitos cometidos en este sentido se denunciaban, e imperaba en consecuencia la impunidad.
“Esta reforma nos pone a la vanguardia, porque no hay un precedente con estas características”, además de que se equipara este delito con el del secuestro, con lo que se elevan las penas que llevan a casi 25 años de prisión.
El incremento que ha habido en este número de carpetas refleja, dijo, que “hay confianza de la ciudadanía para acudir a las instancias a interponer las correspondientes denuncias”; la extorsión, con la modificación, abarca incluso a los que se cometen por medios electrónicos para amenazar con compartir imágenes de contenido sexual.
Dentro de las agravantes que ahora contempla la nueva ley, que entró en vigor hace apenas unos meses, dijo que están cuando se realicen por personas que están en cárcel, o que incurran en el mismo desde prisión, además de cuando los servidores públicos encargados de custodia faciliten los medios para que desde cárceles procedan a cometer estos ilícitos.
Al respecto el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, explicó que previo a la reforma el tipo penal existente “no resultaba eficiente para integrar desde un inicio las carpetas de investigación”.
Detalló que tan sólo en el 2022, en global, se registraron 181 denuncias por tentativa de extorsión, que era la figura legal que existía.
Con las nuevas condiciones, dijo, “se facilita que no se configuren condiciones y requisitos para la suspensión del proceso que beneficie a los imputados”.
Con la reforma se contempla a su vez la modalidad de secuestro virtual, se liga al de extorsión, lo que a su vez ha permitido que se judicialicen casos de este tipo, donde mientras en lo que va del año se han judicializado 145 casos, se han abierto 11 carpetas de investigación, y se han localizado a 187 víctimas, dejando de pagar con eso 24 millones de pesos exigidos por los delincuentes, informó Adrián López; de estos casos e investigaciones se ha llegado a detener a 19 personas, las cuales están vinculadas a proceso.
“Para la fiscalía es una oportunidad de ser más eficaces, para la atención de este delito de extorsión, y lleva a focalizar su atención en su unidad especializada, a la cual se le están haciendo ajustes en su estructura orgánica para que se haga cargo también a las modalidades de extorsión”, abundó.
Ante las cifras presentadas, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dijo que “no podemos seguir engañándonos, haciendo como que no existe”, y remarcó que este delito es el que mayor cifra negra tiene, es decir que no se denuncian.
Sin embargo, apuntó, “a partir de marzo se tuvo mayor capacidad legal y jurídica para investigar, perseguir y judicializar este delito. El Juez tiene mayores elementos,
Con el modelo anterior era prácticamente imposible calificar la culpabilidad en los casos que se presentaban, ahora es más sencillo”, con esto enfatizó que “la extorsión no será un delito de impunidad”.
